El esperado dictamen sucede un día después de la duodécima jornada de protestas contra la reforma, que atrajo a menos manifestantes que en las anteriores, aunque siguió contando con multitudes en las calles.
En ese clima de tensión social y política, que dura ya meses, el Consejo Constitucional deberá determinar si la reforma cumple con los principios de la carta magna francesa. La presión es tal que alrededor del número 2 de la rue Montpensier se ha desplegado un cordón policial para evitar posibles disturbios.
Además de esa peliaguda evaluación constitucional, el organismo presidido por el exprimer ministro socialista Laurent Fabius (1984-1986) se pronunciará también acerca de si procede o no la convocatoria de un Referéndum de Iniciativa Popular (RIP) precisamente sobre la reforma de las pensiones.
En caso de que los "sabios" del Consejo no vean objeciones, el camino para que ese RIP vea la luz sería todavía largo. Sus promotores (todos los partidos de izquierda) tendrían nueve meses para conseguir el apoyo del 10 % del cuerpo electoral (unas 4,88 millones de firmas).
Si lo lograsen, las dos cámaras legislativas -la Asamblea Nacional y el Senado- deberían también examinar el texto en un plazo de seis meses. Desde que se incorporase a la Constitución en 2008, bajo el mandato de Nicolas Sarkozy, ningún Referéndum de Iniciativa Popular ha reunido las condiciones para llevarse a cabo.
Al término de la marcha parisina del jueves, los dos principales líderes sindicales del país, Laurent Berger (CFDT) y Sophie Binet (CGT), alertaron que el combate no acabará con la decisión judicial del Consejo Constitucional, dando a entender que esperan que sea favorable al Gobierno de Emmanuel Macron.
El presidente, quien ha estado en los últimos días de viaje oficial en China y luego en los Países Bajos, dijo estar disponible para reunirse con los sindicatos, una vez que la ley haya pasado el cribo constitucional, algo que ha indignado a los representantes de los trabajadores.
A pesar de las presiones sociales y políticas, Macron ha mantenido su reforma contra viento y marea alegando que el aumento de la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años es fundamental para el equilibrio de las cuentas públicas.