El próximo viernes se cumplirá un nuevo aniversario del golpe que, el 31 de marzo de 1964, derrocó al Gobierno constitucional de João Goulart e instauró una dictadura militar que perduró hasta 1985.
Para que lo ocurrido en ese período no se olvide, el Ministerio de Derechos Humanos organizó una serie de actos e iniciativas con las que busca ayudar a preservar la verdad de quienes fueron víctimas de la dictadura y reforzar la importancia de la democracia y la justicia social.
El primero de ellos, con el que se dio apertura oficial a la semana, fue un acto simbólico realizado por Nilmário Miranda, asesor especial del ministerio y quien fue un preso político durante el régimen militar.
El acto tuvo lugar en un histórico puente de Brasilia que llevaba el nombre de uno de los dictadores del régimen (Arthur da Costa e Silva) y ahora se llamará Honestino Guimarães en homenaje a un líder estudiantil desaparecido durante la dictadura.
Para este martes está programado un encuentro con más de 150 familiares de personas muertas o desaparecidas en el régimen, que será presidido por el ministro Silvio Almeida.
El restablecimiento de la comisión de búsqueda de desaparecidos, clausurada en la recta final del Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), y una marcha en Sao Paulo, en honor de las víctimas de la violencia estatal, también forman parte de las iniciativas que se llevarán a cabo esta semana.
DESARROLLO DEL GOLPE
En marzo de 1964, Brasil era gobernado por João Goulart quien era resistido por la derecha, que lo tachaba de comunista.
Después de movimientos en los cuarteles, que se intensificaron a finales de marzo de 1964, Goulart abandonó Brasilia y se refugió en su estado natal de Río de Grande do Sul.
Pese a estar en el país, la oposición de derechas en el Congreso declaró "vacante" la Presidencia y nombró como sustituto "provisional" al presidente de la Cámara Baja, Ranieri Mazzilli. Luego el Parlamento, en unas elecciones indirectas, le entregó el poder al general Humberto de Alencar Castelo Branco.
Esa elección inició un período de gobiernos militares en los que la represión fue la norma, según un informe de una Comisión de la Verdad publicado en 2014, que registró 434 muertos y desaparecidos por razones políticas y miles de casos de tortura.
Como responsables de las torturas, el informe identificó a 377 agentes de la dictadura que no pudieron ser juzgados por una amplia amnistía dictada en 1979 por el propio régimen, que benefició tanto a militares como a miembros de grupos armados de izquierdas.