Ley migratoria de Trump: el Supremo de EEUU rechaza el intento de defenderla

WASHINGTON. El Tribunal Supremo de EE.UU. rechazó este lunes el intento republicano de defender la ley migratoria del expresidente Donald Trump (2017-2021), que impedía obtener la residencia legal permanente a determinados inmigrantes.

El Tribunal Supremo de EE.UU. rechazó este lunes el intento republicano de defender la ley migratoria del expresidente Donald Trump (2017-2021), que impedía obtener la residencia legal permanente a determinados inmigrantes.Joebeth Terriquez
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La corte desestimó una apelación de un juzgado inferior en el que catorce fiscales de estados tradicionalmente conservadores solicitaron defender la norma de “carga pública”, después de que el Gobierno del presidente Joe Biden emitiera una nueva reglamentación para relajarla.

Esa regulación de “carga pública” niega la residencia permanente a los solicitantes con probabilidad de depender de ayuda pública para su subsistencia.

Según medios nacionales, la petición fue liderada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, y lo acompañaron sus colegas de Alabama, Arizona, Arkansas, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Montana, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur y Virginia Occidental.

El Tribunal Supremo de EE.UU. retomó este lunes su actividad con los primeros casos de 2023, que podrían afectar las leyes laborales o la inmunidad legal de naciones extranjeras.

Ley de Trump y los casos

La máxima instancia judicial estadounidense escuchará en estas primeras dos semanas los argumentos de siete casos, aunque ninguno de ellos alude a las políticas del presidente Joe Biden como la condonación de deuda estudiantil -bloqueada por Justicia en octubre- o el Título 42, que se abordarán más adelante.

Los jueces verán su primer caso de inmigración del año el 17 de enero, que afecta a la mujer transexual León Santos Zacaria, quien dijo que huyó de Guatemala tras ser violada y recibir amenazas de muerte por su identidad de género.

En este caso, el alto tribunal estudiará el requisito de que los migrantes agoten “todos los recursos administrativos disponibles” antes de apelar sus decisiones de inmigración en los tribunales, después de que una corte considerara que Santos-Zacaria no lo había cumplido.

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