Los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, que no reconocen la victoria del líder progresista Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales, han sido detenidos después de que, cercados por la Policía y el Ejército, desmontaran pacíficamente el campamento en que se refugiaban.
Según el Ministerio de Justicia, los bolsonaristas detenidos fueron conducidos en al menos 40 autobuses hasta la sede de la Policía Federal, donde serán identificados para intentar establecer si participaron en los ataques violentos del domingo y fichados por si en un futuro surgen pruebas en su contra.
Tan solo permanecerán arrestados los que sean señalados como participantes en los actos vandálicos y los que tengan algún indicio en su contra.
Los presos se sumarán a las cerca de 300 personas que fueron detenidas el domingo por su responsabilidad en los ataques.
El desalojo fue pacífico y se produjo después de que el magistrado Alexandre de Moraes, uno de los once miembros de la Corte Suprema, ordenara el desmonte de todos los campamentos montados por bolsonaristas frente a cuarteles militares del país y desde el que defendían un golpe de Estado en Brasil contra Lula.
Moraes, responsable por varias de las investigaciones contra Bolsonaro y sus seguidores por ataques a la democracia, ordenó que los ocupantes de los campamentos "sean detenidos en flagrante por la práctica de diferentes crímenes".
El campamento de los radicales en Brasilia, montado hace más de 70 días, desde que Lula se impuso en la segunda vuelta de las presidenciales, sirvió de base para los manifestantes que invadieron el domingo las sedes de los tres poderes de Brasil y fue el lugar al que regresaron tras su fracasado intento de forzar un golpe de Estado.
El número de radicales en el campamento frente al cuartel del Ejército venía cayendo desde la investidura de Lula, el 1 de enero pasado, y el jueves las autoridades contabilizaban unas 200 personas, pero el sábado saltó hasta unas 3.000 luego de que los bolsonaristas convocaran la manifestación del domingo.
Ante el caos generado por el asalto a los edificios públicos, Lula decretó la intervención federal del área de seguridad de Brasilia hasta el próximo 31 de enero, con lo que las policías regionales estarán bajo control del Gobierno federal.
El asalto al Congreso, la Presidencia y el Supremo solo se resolvió después de cuatro horas y media de desconcierto, cuando agentes antidisturbios cargaron y lanzaron gases lacrimógenos contra los exaltados que estaban dentro y fuera de los edificios de los tres poderes.