De acuerdo con el estudio denominado “Modelos de votación electoral para las personas en prisión preventiva: países seleccionados”, desde 2019 las autoridades electorales mexicanas organizaron una primera prueba piloto para garantizar este derecho a toda esta población.
Esto, por la solicitud del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que, en 2019, resolvió que las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar como cualquier otro ciudadano, aunque pierden esta garantía por su condición jurídica, según las leyes mexicanas.
En este sentido, el Instituto Nacional Electoral (INE) realizó una prueba piloto en 2021 a fin de garantizar dicha prerrogativa, lo cual tuvo un resultado de participación superior al 94 % en cinco centros penitenciarios mexicanos.
El estudio del IBD, perteneciente al Senado mexicano, y elaborado por los investigadores Juan Manuel Rodríguez y Miguel Ángel Barrón, reveló que dicho ordenamiento prevé que se garantice este derecho para las elecciones de 2024, cuando se elegirá a un nuevo presidente de México para un periodo de seis años.
Dicho análisis del IBD del Senado mexicano destaca que al menos cuatro países iberoamericanos como Argentina, Costa Rica, Ecuador y España ya cuentan con alguna normativa a partir de la cual se garantiza el derecho al voto de las personas en prisión preventiva.
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