La expectativa de vida de las personas transgénero en Latinoamérica, según un estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2015, ronda los 35 años, edad a la que la mayoría son asesinadas como consecuencia de la violencia y la exclusión.
Esta realidad es distinta en Uruguay, donde, como asegura a Efe la presidenta del Colectivo Trans del Uruguay (CTU), Colette Spinetti, el promedio alcanza los 40 años y viven hoy incluso con 60 años referentes históricas como Karina Pankievich.
Sin embargo, en el país suramericano que volvió a los titulares del mundo en octubre de 2018 con la aprobación de la Ley integral para personas trans, la mayoría de las políticas progresistas con que ilusionó la norma, impulsada por quienes luciendo pañuelos amarillos hicieron la larga campaña "Ley trans ya", siguen sin concretarse.
SIN CUPOS, SIN VOLUNTAD
Uno de los problemas que la ley buscó erradicar fue la falta de inserción laboral a lo que, explica Spinetti, por la discriminación las personas trans "no pueden acceder a trabajos que puedan sostener una vida digna" y lo hizo con cupos por los que el 1 % de los puestos en diversas oficinas públicas deben ser para esta población pero que hasta hoy no se cumplen.
"Hay llamados en que hemos tenido que intervenir porque han salido sin el cupo laboral trans en el Ejecutivo y los gobiernos departamentales (provinciales)", apunta la activista, y atina que solo cinco de los 19 departamentos del país han cumplido.
En la misma línea se expresa el integrante del colectivo Trans Boy Uruguay (TBU) Agustín Cheda, quien explica que los llamados son "tan chicos" que implican, por ejemplo, "el 1 % de cinco personas", con lo cual no se puede postular nadie.
"Los llamados son muy específicos, lo que conlleva que las personas trans que no tienen una educación específica no puedan ni postularse", agrega, y desmiente que por el cupo la persona pueda evitar la evaluación para ingresar.
Spinetti asegura entonces que las fallas en la implementación responden a un Gobierno que recortó presupuesto de áreas claves como vivienda, salud y educación, donde, acota, el acoso escolar genera deserción.
"Acá lo que no hay es voluntad política (...), interés en cumplir una ley para una población específica, más cuando tenemos discursos donde se nos sigue criminalizando, señalando y tratando hasta de que buscamos privilegios a una población que históricamente ha sido vulnerada", subraya.
LOS LOGROS: PENSIONES, IDENTIDAD, SALUD
Entre las medidas que sí se cumplen, la presidenta de CTU destaca la pensión reparatoria para personas trans nacidas antes de 1975, cuya persecución por parte de la dictadura cívico-militar (1973-1985) tuvo consecuencias que explican su estatus social frágil.
Según Spinetti, esta pensión, que ronda hoy los 340 dólares, es "salvadora de la vida" en particular para las mujeres trans perseguidas y encarceladas que, como consecuencia de su marginalización al trabajo sexual sin aportes jubilatorios, pasan por "situaciones de salud muy difíciles" y viven en la pobreza.
"Les asegura por ejemplo el poder comer, pagar un servicio o en algunos casos hasta la solución habitacional", remarca.
Por otro lado, la secretaria de TBU y madre de Cheda, Patricia Gambetta, resalta que para los varones trans la norma tuvo un impacto positivo "más que nada en el área de la salud" pues hay centros que han incorporado un equipo interdisciplinario de atención a la comunidad LGBTIQ+.
Es el caso de Integramás, el centro del prestador privado Casmu que, como señala su referente, Daniel Márquez, gracias a apoyos del Fondo de Población de las Naciones Unidas les atiende con un equipo completo.
"Tenemos un fonoaudiólogo (logopeda) especializado en cambio de voz, acompañamiento psicológico, de endocrinología, pediatría y también lo de readecuación corporal, que ahí se integran los servicios de cambio de la voz orientados a lo quirúrgico pero también implante mamario, mastectomía y readecuación genital", explica el médico.
A lo que para Gambetta igual "sobran los dedos" para contar los centros del país que saben tratar personas trans y persiste la "patologización", sí hay avances tanto en ese plano como en el de la identidad, pues el cambio de nombre y género es un trámite administrativo y ya no judicial.
INFORMACIÓN, ACEPTACIÓN
Cuestionado sobre su experiencia, Cheda, que transicionó a varón a los 14 años con el apoyo de sus padres y hoy tiene 20, subraya que ese apoyo familiar es clave y va de la mano de la información.
"Mi madre cuando le dije buscó todos los videos habidos y por haber en internet, todos los artículos, leyó y miró todo para saber qué era, informarse realmente y así fue que me acompañó; lo mismo mis amigos, el resto de mi familia y el colegio", relata.
A lo que estima que "obviamente hay discriminación y siempre la va a haber", el joven dice que "se ve menos" gracias a las nuevas generaciones, cuyos padres "no ocultan las identidades de género" sino que acompañan y hasta marchan con ellos en la masiva ola de diversidad que, como sucederá este viernes, llena de color y orgullo las calles de la capital uruguaya.