Del total de detenidos, 12.956 eran delincuentes comunes, 45.042 eran requeridos por la Justicia y otros 4.260 fueron ciudadanos extranjeros implicados en diferentes actos delictivos, según reportó la Central de Operaciones Policiales (Cenoppol) de la Comandancia General de la PNP en un comunicado.
Los operativos se realizaron desde el 19 de julio pasado en el marco de la "lucha frontal" contra la delincuencia y el crimen organizado que ha lanzado el Gobierno peruano, remarcó el ministerio.
En ese sentido, la PNP ejecutó hasta el lunes pasado un total de 166.027 operativos policiales, en muchos de los cuales contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas, sobre todo en las zonas consideradas de más alta incidencia delictiva del país, precisó el Mininter.
Durante las intervenciones, los agentes también incautaron de 1.244 armas de fuego y 294 armas blancas, impusieron 167.346 papeletas por infracciones al reglamento de tránsito y confiscaron mercancía de contrabando por un valor superior a 32 millones de soles (9,4 millones de dólares), además de 3 millones de soles (unos 773.000 dólares) en efectivo.
La Policía Nacional también aseguró que incautó de 6.747 kilos de clorhidrato de cocaína, 7.087 kilos de marihuana y 3.863 kilogramos de pasta base de cocaína (PBC).
Además, 484.424 paquetes de PBC, 36.725 envoltorios de marihuana y 8.196 envoltorios de cocaína antes de su venta al por menor.
El ministerio informó que estos operativos continuarán de manera permanente en el país, tanto en las regiones declaradas en emergencia por temas de seguridad, como Lima Metropolitana y el Callao, como en otras zonas que no estén en esa condición.
El Gobierno de Perú prorrogó el pasado 16 de septiembre por 45 días el "estado de emergencia" (excepción) decretado desde febrero pasado en Lima Metropolitana y la provincia vecina del Callao para combatir la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.
La medida, que dispuso que las Fuerzas Armadas apoyarán a la PNP, implicó la quinta prórroga del estado de excepción en la capital peruana y durante su vigencia suspende los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
El Gobierno del presidente Pedro Castillo aseguró que informes “reservados” de la PNP recomendaron “la necesidad de continuar con las operaciones dirigidas a reducir las acciones delictivas cometidas por delincuentes comunes y bandas criminales organizadas, a fin de fortalecer la seguridad ciudadana” en la capital.