En su nota, la SIP relató que “la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo, y el periodista Juan Carlos Lezcano, están acusados en tres causas penales. La exviceministra de Tributación durante la Presidencia de Horacio Manuel Cartes Jara (2013-2018), Marta González Ayala, presentó una demanda por difamación por seis notas divulgadas entre el 27 de marzo y el 22 de abril de 2019. Pidió como sanción pena privativa de libertad y una compensación de aproximadamente U$S 1.400.000.
Otra querella, por calumnia y difamación, está vinculada a notas divulgadas entre el 15 y el 21 de marzo de 2021. La tercera demanda sobre supuestos delitos contra el honor y la reputación fue presentada por el abogado Jacinto Santa María, esposo de la exviceministra”.
Los directivos de la SIP instaron a las autoridades paraguayas a sumarse a la tendencia de países de las Américas que han acogido los estándares jurídicos interamericanos sobre despenalización de estos delitos, lucha que la SIP abanderó por décadas a través de su Proyecto Chapultepec, agrega la nota.
Denuncias son de carácter “intimidatorio”
Varios miembros del organismo regional y de las mesas de trabajo advirtieron sobre el carácter intimidatorio de estos actos contra la libertad de expresión y de prensa.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, se refirió al caso y alertó sobre “el efecto paralizante, intimidatorio, que acompaña estos litigios, el llamado ‘chilling effect’, por el cual se busca perjudicar económicamente a los medios y desalentar el periodismo de denuncia, al requerir recursos, expertos y tiempo para atender las demandas”.
La publicación de la SIP también expresa que el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, CEO de Grupo Opsa, de Honduras, dijo que “informes y resoluciones de nuestra institución muestran cómo en muchos países las demandas por difamación son utilizadas por funcionarios públicos para contrarrestar las denuncias por corrupción en su contra”.
Agregó: “El caso de Paraguay nos alarma porque no hemos logrado influir en los legisladores y gobiernos para que descriminalicen la difamación, como sí se logró en otros países del continente”.
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Reparaciones desproporcionadas
Dos de los destacados miembros del organismo regional, Canahuati y Jornet, señalaron que la SIP viene pidiendo desde hace muchos años que las demandas por injuria y calumnia, cuando involucren a funcionarios públicos, se atiendan en la jurisdicción civil y no criminal.
Se ha pedido, además, que para evitar abusos se establezcan límites a los montos de las indemnizaciones, porque muchas veces las reparaciones altas o desproporcionadas tienen la intención de quebrar la sostenibilidad económica de los medios.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, expresa que la reputación “debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público”.
En ese mismo sentido, la Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital, de la SIP, en su tercer artículo dice: “En caso de reclamos de carácter civil debe probarse que se actuó con real malicia”.
Canahuati y Jornet expresaron la solidaridad de la organización para con ABC Color, Zuccolillo y Lezcano, y dijeron que estarán atentos al proceso judicial.