"Necesitamos este tipo de instrumentos (Acuerdo de Escazú) para proteger a los defensores ambientales, denunciar tanto daño ambiental en nuestro país y poder trabajar en nuestra riqueza natural, preservarla y conservarla", dijo a Efe el presidente del Comité Nacional de miembros de la UICN en Honduras, David Erazo.
La adhesión al acuerdo regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en materia ambiental en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, ayudaría para que "no siga muriendo gente" por la defensa del medioambiente, agregó.
Además, contribuiría a que "no tengamos otro caso como el de Berta Cáceres, quien murió (el 2 de marzo de 2016) por la defensa de los territorios nacionales".
El acuerdo se firmó el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense de Escazú, tras seis años de negociación, y entró en vigor el 22 de abril de 2021, con ocasión del Día Mundial de la Tierra.
"Este acuerdo, que trata sobre derechos humanos y defensa ambiental, es propicio para que se fortalezca la institucionalidad y el objetivo del Gobierno de Honduras para fortalecer a los defensores ambientales", subrayó Erazo.
"ENORMES" BENEFICIOS
El comité nacional de miembros de la UICN espera que la adhesión de Honduras al Acuerdo de Escazú permita a los ambientalistas "alzar su voz" frente a los efectos de la crisis climática, añadió.
"Lo ideal es que Honduras se adhiera lo más pronto posible" al Acuerdo de Escazú, señaló Erazo, quien afirmó que "nadie está en contra de los defensores ambientales".
El Acuerdo de Escazú tiene "enormes" beneficios, destacó el experto, quien precisó que el 39,5 % del territorio de Honduras está en áreas protegidas.
Al menos 32.000 hectáreas de bosque en la biosfera del Río Plátano, principal reserva natural del país centroamericano, son afectadas cada año, indicó Erazo, quien dijo que faltan por firmar el documento Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela.
HONDURAS, EL PAÍS MÁS PELIGROSO
Desde 2009, más de 130 defensores del ambiente han sido asesinados en Honduras e "incontables" desplazamientos forzados, denunció el director de la Cancillería hondureña, Wilson Paz.
"En el último decenio, Honduras es considerado uno de los países más peligrosos en el mundo por alzar la voz y denunciar las injusticias climáticas, por lo que es primordial fortalecer el Estado de derecho con una institucionalidad fuerte y decidida a proteger a cada persona", subrayó.
Paz indicó que la escasez de recursos naturales tiene una "incidencia directa en los medios de sustento" de los grupos más vulnerables y da lugar a emergencias humanitarias, conflictos por territorios e inseguridad alimentaria.
Estos factores "obligan" a la población a migrar como una "estrategia de supervivencia o de adaptación", señaló el director de la Cancillería hondureña, quien considera el Acuerdo de Escazú "esencial" para destacar la participación pública en los procesos de toma de decisiones de importancia ambiental.
Las organizaciones del Comité Nacional de la UICN solicitaron al Estado de Honduras "garantizar que las políticas nacionales protejan el derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano y sostenible, en especial la creación de instrumentos que permitan la protección y seguridad" de los ambientalistas.
Además, el acceso a la información ambiental y la participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales sobre la base de marcos normativos internos e internacionales.