"La gente perdió la vida", dijo Albanese en una rueda de prensa en Camberra, al recalcar que este sistema automatizado conocido popularmente como "Robodebt" (Robodeuda) supuso una "tragedia humana" por el estrés causado a las miles de familias afectadas.
"Los ciudadanos recordarán que el gobierno recolectó ilegalmente deudas de al menos 1.760 millones de dólares australianos (1.223 millones de dólares o 1.224 millones de euros) contra 433.000 ciudadanos australianos", apuntó el ministro de Servicios Gubernamentales, Bill Shorten, en esa rueda de prensa.
El gobierno laborista, en cumplimiento de una promesa electoral, ordenó la creación de una comisión real para investigar cómo operó el "Robodebt", así como a otros aspectos, como su legalidad, el impacto económico para el gobierno y los deudores, entre otros.
La comisión estará liderada por la exjueza Catherine Holmes, quien deberá entregar su informe final el 18 de abril de 2023.
El llamado sistema "Robodebt", que fue implementado por el anterior gobierno de la coalición Liberal-Nacional en 2016, se basó en algoritmos para contrastar la información tributaria con el pago de las ayudas sociales para calcular si los beneficiarios habían recibido un pago excesivo.
Mediante este sistema, que cometió errores de cálculos, el Gobierno australiano enviaba cartas automatizadas a los deudores dando mínimas posibilidades de interactuar con un funcionario para abordar los casos.
Según datos del Ministerio de Servicios Humanos, citados por la cadena australiana ABC en el marco de una investigación que realizó sobre este sistema automatizado, más de 2.000 personas murieron tras recibir una carta de "Robodebt" entre julio de 2016 y octubre de 2018.
Si bien no se establece una causa directa entre el programa y los fallecimientos, casi un tercio de esas personas habían sido clasificadas como "vulnerables" debido a una serie de problemas como las enfermedades mentales, drogadicción o violencia doméstica, señaló la ABC en su artículo, publicado en 2019.
En mayo de 2020, el entonces primer ministro, el liberal Scott Morrison, dio de baja el sistema automatizado de recuperación de deudas y después se disculpó por la angustia causada a sus compatriotas.
Al año siguiente, el Tribunal Federal aprobó un acuerdo suscrito por el Ejecutivo de Camberra para pagar 1.800 millones de dólares locales (1.252 millones de dólares estadounidenses o 1.251 millones de euros) a más de 400.000 deudores en una demanda colectiva.