Una ola de asesinatos a finales de marzo dio pie a la Asamblea Legislativa a otorgar poderes especiales al Ejecutivo del presidente Nayib Bukele, que reporta la detención de 50.500 personas y a las que acusa de pertenecer a las pandillas.
Las organizaciones sociales salvadoreñas e internacionales han recibido miles de denuncias de supuestas violaciones a derechos humanos, además de señalar que bajo este régimen, implementado para "combatir" a las pandillas, se han dado detenciones arbitrarias y tortura.
"Lamentamos la actuación del procurador de Derechos Humanos, que ha minimizado el tema de los abusos que se han cometido en el marco del régimen de excepción", sostuvo en un evento público.
Afirmó que Tobar, quien busca la reelección por un período de 3 años más frente a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), ha emitido "informes que no representan la realidad de las víctimas que son atendidas por parte de las organizaciones de derechos humanos".
Dijo que también "es lamentable que esta semana no haya recibido al grupo o colectivo de familiares de personas detenidas".
"Actualmente no contamos con ningún espacio de diálogo, de articulación con las instituciones del Estado", lamentó Ramírez.
Estas declaraciones fueron dadas en el marco del foro "El Salvador bajo la lupa", en el que se abordó la respuesta del Estado ante recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tras una evaluación periódica que hace dicho ente.
El procurador Tobar indicó que recientemente han confirmado la existencia de atropellos en al menos 7 casos de 173 reportados durante el primer mes del régimen de excepción, únicamente en el departamento de San Salvador.
Apuntó que se confirmaron estas vulneraciones tras una investigación y entrevistas de un equipo técnico de la PDDH y afirmó que es la investigación la que da el soporte.
El ombudsman añadió que en la resolución del expediente con los casos de San Salvador emitirá también una serie de recomendaciones a la Policía Nacional Civil (PNC), la Fuerza Armada y Centros Penales.
La PDDH, según indicó su titular, ha recibido más de 3.400 denuncias de supuestas violaciones a derechos humanos desde que se aprobó en el Congreso el régimen de excepción.
Sobre las muertes de personas detenidas bajo el régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, Tobar dijo que la PDDH tiene "28 expedientes abiertos".
De acuerdo con organizaciones humanitarias y reportes de medios locales, al menos 63 personas han fallecido bajo custodia estatal durante el régimen de excepción.
El Estado de El Salvador aseguró a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en un informe con fecha del 29 de julio que supuestamente investiga estas muertes, sin precisar la cifra.