La normativa entra en vigor a finales de octubre y mantiene los mismos criterios que existen sobre el proceso de inscripción y sobre quiénes califican como beneficiarios: los conocidos como “soñadores”, migrantes irregulares que llegaron al país siendo menores de edad.
El programa DACA fue creado en el 2012 por el entonces presidente, Barack Obama, por medio de un memorando que protegía de la deportación a más de 600.000 soñadores.
“Estamos cumpliendo con nuestro compromiso por preservar y fortalecer DACA completando una norma que refuerza las protecciones (…) que permiten a los soñadores vivir con mayor libertad”, dijo el presidente Biden en un comunicado.
Sin embargo, el futuro de DACA está condicionado a la decisión de un Tribunal de Apelaciones en Luisiana, ante las denuncias contra el programa presentadas por varios estados gobernados por republicanos, entre ellos Texas.
Con el cambio en la figura jurídica de este miércoles, Biden espera fortalecer el programa ante los desafíos legales, explicó a Efe Julia Gelatt, experta en temas migratorios del Migration Policy Institute.
“El motivo por el que se está creando esta norma es para darle una mayor base legal a DACA”, contó Gelatt.
A principios de julio, el Tribunal del Quinto Circuito de Apelaciones de Nueva Orleans escuchó los argumentos en el caso sobre el programa.
El año pasado el juez federal de Texas Andrew Hanen se puso del lado de los estados demandantes al opinar que DACA violó el proceso administrativo cuando fue creado y ordenó prohibir la concesión de nuevos permisos bajo este marco.
La nueva normativa no exime al Departamento de Seguridad Nacional de acatar esta prohibición.
El Gobierno ha defendido el beneficio migratorio en los tribunales y aún no está claro si el caso llegará al Supremo.
Varios grupos de defensa de los derechos de los migrantes han pedido al Congreso estadounidense aprobar una legislación que permita darle un estatus permanente a los beneficiarios de DACA.