“Vivimos bajo un miedo constante estos días, personalmente no sé qué hacer ahora”, dijo a EFE Chanu Nimesha, de 47 años, desde el capitalino campamento Gota Go Gama, epicentro de la revuelta social que comenzó a finales de marzo.
Indecisos entre esconderse, disfrazarse para confundir a las autoridades e incluso borrar sus comentarios en las redes sociales, los manifestantes temen la campaña policial contra aquellos que dañaron “la propiedad pública” e “incitaron a la violencia” en las últimas semanas.
“Quedarse en Gota Go Gama ahora mismo no es seguro”, lamentó Nimesha, quien afirmó que el país parece seguir en un callejón sin salida ante la crisis pese a la huida del país de Rajapaksa y su sustitución por un nuevo presidente, Ranil Wickremesinghe.
"Vinimos aquí a protestar contra el Gobierno cuando estaba ignorando el sufrimiento del pueblo, y la crisis económica se convirtió en una crisis política (pero) incluso ahora no hay una solución a la crisis económica", resumió.
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Ola de detenciones
Los manifestantes denunciaron las últimas detenciones contra activistas y participantes en las protestas.
El pasado martes, Danish Ali, un miembro de Gota Go Gama, fue detenido en uno de los aeropuertos internacionales de Colombo cuando ya había embarcado en un avión a Dubai.
La Policía esrilanquesa afirmó que Ali se enfrenta a varios casos por irrumpir una emisión en directo en la sede de la televisión estatal del país isleño el pasado 13 de julio, así como por atacar a oficiales de inteligencia del Ejército.
La Policía de Colombo detuvo este miércoles a otro activista, Verange Pushpika, mientras que las fuerzas de seguridad lanzaron también una redada en la iglesia del sacerdote Jeevantha Peiris, uno de los principales rostros de las manifestaciones, denunció la organización Periodistas para la Democracia en Sri Lanka.
Además, las autoridades compartieron en las redes sociales imágenes de catorce personas sospechosas de haber incendiado la vivienda personal de Wickremesinghe el pasado 9 de julio, cuando miles de manifestantes asaltaron las residencias oficiales del entonces primer ministro y del presidente.
En medio de estas detenciones, el Parlamento del país asiático extendió el estado de emergencia por un mes.
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