La decisión, adoptada por el juez federal Julián Ercolini, atañe solo a una parte de esa compleja y resonada investigación judicial, la que se centraba en presuntos movimientos de fondos relacionados con la adjudicación de obras de construcción de carreteras por parte de la Dirección Nacional de Vialidad a empresarios.
La decisión judicial también beneficia al exministro de Planificación Julio de Vido y al exsecretario de Obras Públicas José López, que también estaban imputados en esta causa por presunta asociación ilícita.
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De acuerdo al fallo, al que tuvo acceso EFE, el magistrado concluyó que “se impone” dictar el sobreseimiento ya que, “analizadas las pruebas reunidas en la causa y sus conexas”, “a esta altura no se han sumado otros elementos en el devenir de la investigación que permitan establecer que los imputados formaron parte” de una asociación ilícita.
“No fue posible, a pesar de la profusa investigación llevada a cabo, establecer la responsabilidad de los imputados”, dijo el juez.
El “caso de los cuadernos” se inició en 2018, cuando una investigación periodística reveló el contenido de una serie de anotaciones sobre presuntos pagos de sobornos relacionados a obras públicas durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).
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Las anotaciones fueron hechas en cuadernos por Óscar Centeno, quien trabajó como chofer del Ministerio de Planificación Federal y que durante más de una década escribió detalles sobre los presuntos viajes que hizo para trasladar bolsas con los supuestos pagos de millones de dólares de empresarios contratistas del Estado a altos cargos del Ejecutivo.
El caso dio pie a varios tramos de investigación, entre ellos a uno centrado en obras viales y que se nutrió con información aportada por el financista Ernesto Clarens.
Aunque los pagos investigados específicamente en este tramo de la causa no pudieron ser probados, en su fallo Ercolini señaló que de otros tramos de la investigación surge que existieron obras públicas civiles que fueron asignadas “por intermedio del sistema por el cual se digitaban las adjudicaciones de obras, debiendo las empresas beneficiarias hacer entregas de sumas de dinero como contrapartida”.
El juez hizo así mención al expediente central del caso, elevado a juicio oral en 2019, con fecha de inicio aún a definir y que tiene como imputados a la vicepresidenta, exempleados de su gobierno y a empresarios del sector de la construcción.
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