La Administración de Iván Duque se ha mostrado partidaria de este acuerdo regional desde su creación, aunque su tramitación en el Congreso fue rechazada en una primera ocasión y está pendiente de que se vuelva a debatir en el pleno, donde el oficialismo todavía cuenta con mayoría, a las puertas del cambio de legislatura.
"El Gobierno ha tenido la voluntad. Esta es la segunda vez que lo presenta y estamos esperando que la agenda legislativa (...) nos diga cuál va a ser la agenda de estos últimos dos meses y medio de Congreso que hacen falta, y desde el Gobierno vamos a estar ahí defendiendo" el acuerdo, explicó en una entrevista a Efe el ministro de Ambiente colombiano, Carlos Eduardo Correa.
El 20 de julio de 2020, Duque le pidió al Congreso tramitar con urgencia la ley que ratifica el Acuerdo de Escazú, aunque el carácter de urgencia no fue tomado en consideración por el legislativo, que aplazó en varias ocasiones su debate.
El próximo 26 de abril se debatirá de nuevo en el Senado la ratificación de Escazú después de que un grupo de senadores opositores invocara el estatuto de la oposición.
Correa achaca el rechazo del legislativo a la "falta de socialización", derivada de "un año y medio largo y complejo donde no se pudo hacer socializaciones en el territorio y donde estuvo el Congreso de manera virtual".
Por eso, se han impulsado "cuatro grandes socializaciones regionales" para lidiar con "la desinformación", sostuvo el ministro.
Colombia sigue liderando la trágica clasificación de país más mortífero para defender el medioambiente por segundo año consecutivo. Según los últimos datos de la organización Global Witness, solo en 2020 unas 65 personas defensoras de la tierra y del medioambiente fueron asesinadas en Colombia.
ACUERDO PIONERO
La Conferencia de las Partes (COP 1) del Acuerdo de Escazú, con Chile como país anfitrión, será el primer encuentro donde los países que hasta el momento han ratificado —y otros que están en proceso— este pionero tratado en la protección de los activistas medioambientales se reunirán en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para revisar su implementación.
En la reunión, los países participantes abordarán las disposiciones financieras para el funcionamiento del tratado y las estrategias para una efectiva implementación.
Pese a que originalmente fue firmado por 24 países, solo 12 han ratificado el pacto que, además de proteger a los ecologistas, busca garantizar la mejor aplicación de políticas ecológicas, garantizar los derechos ambientales y salvaguardar la biodiversidad en tiempos de emergencia climática.
Lo han suscrito Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay.
Colombia, Perú y Chile siguen sin ratificarlo, aunque el Gobierno de Gabriel Boric ya adelantó la adhesión de este último, que está pendiente de la aprobación del Parlamento.