El Gobierno de Alberto Fernández, que negocia contra reloj un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tras más de un año de conversaciones, debe afrontar, entre este viernes y el martes próximo, vencimientos por unos 1.100 millones -previos a los alrededor de 3.000 millones que vencen en marzo-, en un escenario marcado por las menguadas reservas de dólares del Banco Central.
Pero a pocas horas de tener que hacer efectivo el primero de esos dos pagos, por más de 700 millones, el Ejecutivo no aclara si lo hará: "Lo sabremos en las próximas horas, porque todo depende de cómo avance la negociación", aseveró hoy la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.
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En medio del hermetismo, la funcionaria insistió en que esas conversaciones —alargadas en el tiempo por las diferencias entre el Argentina y el organismo por el sendero fiscal que debe aplicar el país— están siendo lideradas por el propio presidente y el ministro de Economía, Martín Guzmán.
"Es una negociación delicada. Hay momentos en que se lleva a cabo día a día y momentos en que se lleva a cabo hora a hora, como es en este momento", subrayó, y agregó que el Gobierno tiene "voluntad" de acordar pero sin que conlleve ajustes que afecten a la política social y al crecimiento económico que insiste ya se está registrando en el país, que arrastra casi cuatro años en recesión, agravada por la pandemia de covid-19, y altos niveles de inflación y pobreza.
Ya el martes pasado, la economista jefe del FMI, Gita Gopinath, abogó por que el programa que se pacte sea "sensato y creíble" y sirva para mejorar los "desequilibrios" económicos para ayudar a los argentinos "a recuperarse y salir de las dificultades en las que se encuentran".
TENSIÓN FINANCIERA Y POLÍTICA
En las últimas semanas, la posibilidad de incurrir en un cese de pagos más de los tantos que ha tenido Argentina en su historia, ha impactado en los mercados, con los bonos argentinos a la baja y aumento del riesgo país; mientras el dólar bate récords ante el siempre devaluado peso tanto en las cotizaciones oficiales como en el mercado informal.
Este miércoles, la exmandataria y actual vicepresidenta Cristina Fernández, líder del kirchnerismo peronista, volvió a criticar en una conferencia las "políticas de ajuste" que dictan "los organismos multilaterales de crédito", en clara alusión al FMI.
El kirchnerismo -de orientación izquierdista- es desde el comienzo del Gobierno de los Fernández, en diciembre de 2019, el ala del Ejecutivo con el discurso más duro contra el Fondo, y algunos de sus referentes incluso han relativizado que se pueda caer en 'default', algo cuestionado por otras voces oficialistas.
"Estoy convencido de que es mucho mejor para Argentina hacer un acuerdo que nos permita seguir creciendo, a, como escucho por ahí, no hacer ningún acuerdo", consideró el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
MANIFESTACIONES
Mientras, habituales son las manifestaciones callejeras -como las de este jueves- convocadas por partidos opositores de izquierda y organizaciones que exigen no pagar la deuda y emplear ese dinero en política social. Y constante es el enfrentamiento entre el Gobierno y el principal frente opositor, Juntos por el Cambio.
"No ayuda y genera más incertidumbre que a 24 horas de este vencimiento todavía no sabemos si se paga, si no... Los mensajes contradictorios del Gobierno, la vicepresidenta hablando en contra del acuerdo... todo eso no ayuda nada", señaló hoy el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, uno de los rostros más visibles de esa coalición.
El político, del mismo partido que el liberal Macri, remarcó que lo que falta es "tener previsibilidad" y un plan económico que ayude a crecer y generar trabajo.
MÁS DE UN AÑO DE NEGOCIACIÓN
Meses después de ganar las elecciones y en medio de un fuerte discurso contra la política de deuda de Macri (2015-2019), el peronista Fernández logró un acuerdo con acreedores privados para reestructurar bonos de ley extranjera por casi 63.400 millones de dólares.
Y en octubre de 2020 se iniciaron formalmente negociaciones con el Fondo, acompañadas de conversaciones con países como Estados Unidos por su fuerte peso en el directorio del organismo.
Argentina busca sellar un acuerdo para refinanciar el crédito de 2018, que ascendía a 56.300 millones de dólares, de los que finalmente solo se desembolsaron 44.200 y que, según el actual mandatario, tenía como fin ayudar a Macri a lograr su reelección.
De ese monto, quedan por devolver unos 41.000 millones y Argentina debería pagar, entre capital e intereses, 19.020 millones de dólares en 2022, 19.270 millones en 2023 y 4.856 millones en 2024, algo que el Ejecutivo insiste no puede afrontar.