El sondeo, elaborado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), una de las plataformas LGTB más activas, señaló además que el 91,8 % de las parejas comprometidas bajo la figura de "unión civil" anularían dicho vínculo para poder casarse.
El matrimonio igualitario, que se discute actualmente en el Parlamento y está muy cerca de ser ley, es una de las mayores luchas de las agrupaciones de la diversidad sexual en Chile, donde las personas homosexuales solo pueden unirse civilmente, un vínculo que no reconoce derechos filiativos.
El proyecto de ley enfrentará su última votación esta semana en el Senado después de más de cuatro año de recorrido y, en caso de aprobarse, Chile se convertiría en el octavo país de América Latina en legalizarlo después de Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y varios estados de México.
Según el sondeo, que se presentó junto a representantes del Senado y del Gobierno, para el 90,5 % de las personas, el matrimonio igualitario tiene "mucha importancia" y para el 81,3 % su aprobación sería un "hecho histórico".
"Para el 76,9 % uno de los principales fines del matrimonio es dar estabilidad a los hijos caso de tenerlos y el 75,3 % señaló que tiene como objetivo ayudarse mutuamente como pareja", señala el informe, para el que se entrevistó a más de 1.800 personas homosexuales de todo el país.
La imposibilidad de casarse provocó que el 84,5 % de los encuestados sufriera discriminación, agregó Movilh, y el 86,5 % estima que el principal efecto que tendrá la ley será "la mejoría en la calidad de vida de las parejas y de sus hijos".
"UNA DEMORA INJUSTIFICADA"
La aprobación del matrimonio igualitario en Chile se ha demorado de "manera injustificada" para el 91,9 % de las parejas, siendo los responsables señalados: "los poderes del Estado" (57,5 %), "las religiones" (62,7 %) y "las corrientes políticas-ideológicas" (40 %).
El pasado julio, en un giro sorpresivo de acontecimientos, el actual presidente, el conservador Sebastián Piñera, dijo que había "llegado el tiempo" de aprobar este derecho e instruyó al Parlamento debatiera el proyecto de ley con urgencia.
La iniciativa se había presentado en 2017 gracias al impulso de la expresidenta socialista Michelle Bachelet durante su segundo mandato (2014-2018), pero estuvo estancado durante casi cuatro años.
En los últimos meses, la norma se ha revisado favorablemente en ambas cámaras y ahora solo está pendiente de votarse en la Cámara Alta, a donde retornará por los cambios solicitados durante su discusión.