De todos ha terminado saliendo airoso, pero la venta en un paraíso fiscal del megaproyecto minero lo tiene acorralado política y judicialmente y amenaza con arruinarle los cuatro meses que le quedan para terminar el mandato.
La Cámara de Diputados votará este lunes si la petición de la oposición para destituirle es pertinente, luego de que una comisión de cinco parlamentarios recomendara el pasado viernes en un informe no vinculante que el juicio político no debe prosperar.
Si la acusación consigue la mayoría absoluta en la Cámara Baja, esta pasará al Senado, el órgano que actúa como juez y donde se necesitan dos tercios de los votos para destituir al presidente.
La victoria en la Cámara de Diputados se daba casi por asegurada antes de que el contagio de covid-19 del presidenciable izquierdista Gabriel Boric pusiera patas arriba la campaña y la agenda legislativa, pues varios diputados de oposición (incluido el propio Boric) se encuentran en cuarentena y es posible que no puedan votar, ya que se trata de una instancia presencial.
"PERJUICIOS Y NO BENEFICIOS"
La génesis del juicio político, que corre a la par de una investigación penal por posibles delitos tributarios y de cohecho, se sitúa en las presuntas irregularidades en la venta de Dominga por 152 millones de dólares por parte de una empresa de los hijos de Piñera en Islas Vírgenes Británicas, apenas nueve meses después de que asumiera el cargo para su primer mandato (2010-2014).
Según reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), la venta del proyecto al amigo de la familia presidencial Carlos Alberto Délano debía producirse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que la zona no fuera declarada de protección ambiental, una decisión que dependía de Piñera.
El gobernante defiende de que se desvinculó de sus negocios a través de fideicomisos ciegos en 2009 y que lo revelado en los papeles de Pandora ya fue investigado y sobreseído en 2017.
"Como presidente jamás he dejado de privilegiar el bien común sobre cualquier otro interés y, de hecho, ser presidente ha significado perjuicios en lo personal y no beneficios", sostuvo tras la publicación de los papeles de Pandora.
DEL BANCO DE TALCA A LA AEROLÍNEA LAN
Piñera, de 71 años, tiene una fortuna estimada en 2.900 millones de dólares, una riqueza que no le viene de cuna y que ha ido forjando con los años en distintas inversiones, que involucran desde las aerolíneas hasta equipos de fútbol y supermercados.
Tras doctorarse en Economía en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, se inició en el negocio inmobiliario y a finales de los 70 pasó al bancario, donde enfrentó su primer gran contratiempo como gerente general del Banco de Talca.
El juez Luis Correa Bulo ordenó su detención en 1982 como presunto responsable de préstamos a empresas por más de 200 millones de dólares, infringiendo el tope legal que solo permite un máximo del 25 % de las reservas bancarias.
Piñera estuvo prófugo durante 24 días hasta que la Corte Suprema acogió por unanimidad un recurso de amparo presentado por su defensa.
Finalmente no fue condenado y el Banco de Talca quebró. La ministra de Justicia del momento, Mónica Madariaga, declaró años más tarde que intercedió "indebidamente" a su favor.
En 1997, cuando era senador y accionista minoritario de la empresa de electricidad Enersis, Piñera denunció a los socios mayoritarios por vender la compañía a la española Endesa con condiciones favorables para ellos.
Paralelamente, se encontraba gestando con Endesa un acuerdo ventajoso para él y acabó vendiendo sus acciones: "No estoy dispuesto a ser masoquista y perder parte de mi patrimonio", se justificó entonces.
El siguiente escándalo ocurrió casi una década después, en 2006, cuando siendo el accionista mayoritario de LAN (la actual LATAM) recibió un informe financiero que no había sido publicado por la compañía aérea y compró tres millones de acciones.
Durante su primer mandato y en pleno juicio por el límite marítimo entre Perú y Chile en La Haya, una de sus empresas compró acciones de la pesquera peruana Exalmar, que se benefició del resultado de la sentencia.
Tras una investigación de nueve meses, la Fiscalía desestimó la existencia de delitos y archivó la causa.