En una votación no vinculante, por 2 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, la instancia formada por 5 diputados rechazó la admisibilidad del juicio, que busca la destitución o inhabilitación del presidente.
El origen de la acusación, impulsada por la oposición, se sitúa en las presuntas irregularidades en la venta de la Minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera en Islas Vírgenes Británicas, apenas nueve meses después de que asumiera el cargo para su primer mandato (2010-2014).
Según reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el proyecto se vendió al empresario y amigo de la familia Carlos Alberto Délano por 152 millones de dólares, 138 de los cuales se concretaron en el paraíso fiscal.
"Aquí hay hechos que han afectado a Chile (...) Nunca se ha llegado a aclarar por qué se hizo un negocio fuera de nuestro país y aunque (Piñera) haya sido sobreseído, no hay motivo para no juzgarle políticamente", esgrimió Maya Fernández, presidenta de la instancia revisora que votó a favor.
Pese al informe negativo emitido por la comisión, en donde dos diputadas de derecha votaron en contra, dos opositores a favor y un independiente se abstuvo, el procedimiento continuará y el próximo lunes será la cita clave de la votación en la Cámara de los Diputados, donde requerirá del apoyo de 78 de los 155 parlamentarios.
En caso de prosperar, se analizaría posteriormente en el Senado, donde necesita un quórum de dos tercios.
Este procedimiento, denominado "acusación constitucional", que faculta a los parlamentarios a inhabilitar y destituir a cargos públicos, transcurre en paralelo a una investigación judicial a petición del Ministerio Público por posibles delitos tributarios y de cohecho en la misma operación financiera.
PIÑERA MANTIENE SU INOCENCIA
El mandatario, que presentó su defensa por escrito la pasada semana, ha defendido en sendas comparecencias públicas haberse desvinculado de sus negocios a través de fideicomisos ciegos en 2009 y que lo revelado en los papeles de Pandora ya fue investigado y sobreseído en 2017.
"Sin actos constitutivos de delito es imposible establecer responsabilidades (...) Acusar al presidente constituye un acto de gravedad tal que sus consecuencias para el devenir político y social podrían causar un daño irreparable", sostuvo la oficialista Paula Núñez.
El argumento más controvertido del juicio fue la información revelada por el ICIJ sobre una presunta cláusula del contrato de compraventa que condicionaría el pago de la tercera y última cuota a que la zona donde se iba a instalar el yacimiento no fuera declarada de protección ambiental.
La mina, que todavía no está construida, va a emplazarse en la región de Coquimbo, al norte del país, una zona cerca a una reserva de pingüinos de Humboldt única en el mundo, que no está resguardada pese a los señalamientos de organizaciones ambientales y de la oposición.
"La acusación no contiene ningún antecedente que indique que el presidente haya bloqueado la iniciativa de proteger la zona", sostuvo el independiente Pepe Auth.
El juicio político transcurre durante los últimos meses de mandato de Piñera, que posee una de las mayores fortunas del país y abandonará el cargo el próximo marzo, y coincide con un período de elecciones presidenciales que ha sido sacudido por un caso de covid-19 que puso en cuarentena a varios candidatos y parlamentarios.
Al menos tres diputados de oposición no podrán votar el próximo lunes la acusación al encontrarse en aislamiento preventivo y al no estar habilitado el voto telemático, una situación que podría complicar que se obtengan los 78 votos necesarios para que prospere la acusación.
El diputado socialista Jaime Naranjo llegó a apuntar incluso que "por ley" se pueden extender las intervenciones de los diputados para que la votación se alargue durante varios días hasta el retorno de los parlamentarios en aislamiento.
Se trata del segundo intento de juzgar políticamente a Piñera, tras el fallido conato de noviembre de 2019 por presuntas violaciones a los derechos humanos en medio de las masivas protestas contra la desigualdad, las más graves desde el fin de la dictadura.
Desde el retorno a la democracia en 1990, en Chile todos los presidentes han terminado su mandato.