Según lo dispuesto por Fernández, los beneficios e incentivos serán concedidos bajo dos requisitos: un incremento neto de la nómina del personal del empleador que se adhiera al programa y la fijación de límites máximos de trabajadores alcanzados.
El dinero que actualmente recibe un beneficiario de un plan social será considerado como parte de su salario cuando se integre a un trabajo formal por un cierto plazo.
El decreto, publicado hoy en el Boletín Oficial, afirma que uno de los objetivos principales del Gobierno es que los distintos programas de empleo, inclusión laboral y desarrollo socioproductivos destinados a personas desempleadas o con trabajos precarizados “se transformen en mecanismos que incentiven la incorporación” de esos trabajadores al empleo asalariado registrado o a otros modos de desarrollo de actividades productivas formales.
"Queremos terminar con la falta de trabajo en Argentina. Hoy se publicó el decreto que ordena a mis ministros que lleven adelante todas las medidas necesarias para que quienes hoy reciben un plan del Gobierno conviertan ese plan en trabajo genuino", dijo Fernández en un acto en la sureña ciudad de Comodoro Rivadavia.
El decreto genera un marco general para otorgar incentivos que luego será adaptado a cada sector de la actividad económica.
El decreto fue firmado por Fernández en momentos en que crecen las demandas por puestos de trabajo formales y se da un debate al interior del gobernante Frente de Todos sobre los alcances de los planes sociales en Argentina.
Severamente afectada por la pandemia de la covid-19, la economía de Argentina se desplomó el 9,9 % en 2020 y este año, pese a la recuperación de la actividad, persisten severos problemas sociales, con una tasa de pobreza del 40,6 % en el primer semestre.
En tanto, la tasa de desempleo bajó en el segundo trimestre del año al 9,6%, su nivel más bajo desde finales de 2019, pero con altas tasas de informalidad y poca creación de puestos de empleo en el sector formal.
Tras la derrota electoral sufrida por el oficialismo en las elecciones primarias de septiembre pasado, el debate en el seno del Gobierno sobre los planes sociales y los problemas de empleo se ha agudizado.
El elevado nivel de pobreza e indigencia obliga al Ejecutivo a mantener las ayudas sociales, pero es creciente la demanda, incluso entre las organizaciones sociales beneficiarias de planes sociales, de creación de puestos de empleo formales que garanticen a las familias mejores ingresos.