Piñera rechazó toda acusación y posible conflicto de interés tras confirmar que todos sus activos fueron puestos bajo un fideicomiso ciego desde su primera presidencia (2010-2014) y que fue sobreseído de cualquier delito luego de que la justicia investigó los hechos en 2017.
Los diputados presentarán la acusación constitucional la próxima semana y pretenden que sea votada en la Cámara de Diputados antes del 21 de noviembre, cuando se realice la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
“Todas las bancadas de oposición hemos acordado iniciar una Acusación Constitucional contra el presidente Sebastián Piñera”, indicó en el Congreso Jaime Naranjo, diputado del Partido Socialista, flanqueado por otros parlamentarios.
La acusación constitucional busca establecer la responsabilidad de altos funcionarios públicos, y de prosperar, puede conllevar la destitución de Piñera, cuando faltan seis semanas de la primera vuelta de la elección presidencial.
Piñera se encuentra en el centro de la polémica luego de que una investigación de los medios chilenos LaBot y CIPER, parte de los Papeles de Pandora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) , lo vincularon a la venta en 2010 de la minera Dominga a través de una empresa de sus hijos, al empresario Carlos Délano -un íntimo amigo del mandatario- por US$ 152 millones, y que gran parte de la operación se realizó en las Islas Vírgenes Británicas.
Asimismo, se incluyó una polémica cláusula que supeditaba el último pago del negocio a “que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas” , decisión que recae en la figura del presidente chileno.
“Los motivos y los fundamentos de esa acusación van a estar basados por haber infringido el principio de probidad (...) que obliga a los funcionarios públicos tener un desempeño honesto y leal (...) y también por comprometer gravemente el honor de la patria”, agregó Naranjo.