La defensa de Becciu y del resto de imputados, por su parte, instó a anular el proceso, debido a que el sumario estaba incompleto y a que se les ocultaron pruebas como las del testigo principal en las que se basan las acusaciones: el monseñor Alberto Perlasca.
La vista judicial se concentró hoy, sobre todo, en la controversia levantada por la denuncia de los abogados defensores de que la Fiscalía no proporcionó todas las pruebas, como el testimonio de Perlasca, mientras la acusación respondió con el argumento de que se había tenido que "tutelar la privacidad" y también alegó la dificultad de conseguir copias del todo el material informático.
Ante ello y para satisfacer las demandas de los abogados y algunas "deficiencias" que el mismo admitió, el fiscal adjunto, Alessandro Diddi, ha pedido que se comience el proceso de nuevo en su fase instructoria para interrogar además a algunos de los acusados que nunca fueron escuchados, lo que los abogados de los diez imputados han considerado "inaceptable".
Los defensores explicaron que han pedido, sin recibir aún, los vídeos con los interrogatorios a Perlasca, antiguo trabajador de la Secretaría de Estado y que en un primer momento estuvo investigado, pero no fue imputado y cuyo testimonio es clave para todo el proceso.
Según explicó hoy en la audiencia Luigi Paella, el abogado de Enrico Crasso, durante muchos años financiero de referencia de la Secretaría de Estado, Perlasca fue interrogado hasta en cinco ocasiones como persona informada del caso, por lo que no podía faltar en el sumario el audio y el vídeo de sus testimonios.
El juez del Tribunal Vaticano, Giuseppe Pignatone decidirá mañana a las 9.30 horas (7.30 GMT) sobre ambas peticiones, lo que podría dar un giro total al proceso.
El caso intenta esclarecer las responsabilidades de la compraventa que acabó en estafa de una propiedad en el centro de Londres y que costó a las arcas de la Secretaria de Estado de la Santa Sede una cantidad estimada de 175 millones de euros.
La compra del edificio se inició, a través de una red de financieros y consultores, en el momento en que Becciu era, en 2014, Sustituto de la Secretaria de Estado para los Asuntos Generales, prácticamente el hombre de confianza del papa en la gestión administrativa del Vaticano.
Además de Becciu, a quien el papa retiró sus derechos cardenalicios, también están imputados el bróker Gianluigi Torzi y la que fue asesora del cardenal Cecilia Marogna, quien tenía el supuesto encargo de crear una red diplomática paralela.
Los demás son monseñor Mauro Carlino, el financiero Enrico Crasso, el gestor Fabrizio Tirabassi, los expresidente y exdirector de la Autoridad de Información Financiera (AIF), René Brülhart y Tommaso Di Ruzza, respectivamente; el abogado Nicola Squillace y el contable que gestionaba las ofrendas e los fieles, Raffaele Mincione.