De acuerdo con el estudio del Instituto Datafolha, realizado entre los pasados días 13 y 15 con 3.667 personas, la desconfianza de la población brasileña ante el Ejecutivo, Legislativo y Judicial creció considerablemente, así como en otras instituciones, como la Fiscalía, la prensa y los partidos políticos.
Un 50 % de los entrevistados afirmó "no confiar" en la Presidencia de la República, frente al 31 % que declaró lo mismo en la encuesta realizada en julio de 2019.
Otros 33 % dijeron "confiar poco" en el Ejecutivo, mientras que el 16 % "confía mucho".
Igualmente subió la desconfianza de los brasileños en el Supremo Tribunal Federal (STF), desde el 33 % registrado en 2019 hasta el 38 % en el sondeo divulgado este viernes, cuyo margen de error es de dos puntos porcentuales hacia abajo o arriba.
Sin embargo, el mayor nivel de falta de confianza por parte de la población fue registrado en el Congreso Nacional -en el que un 49 % de los ciudadanos dijeron no confiar, ante el 45 % en 2019- y los partidos políticos, que tienen el rechazo del 61 % de los encuestados, frente al 58 % hace dos años.
La encuesta mostró además que la mayoría de los entrevistados confía en la Fiscalía y el poder Judicial, aunque el nivel de desconfianza en ambas instituciones también creció.
Así, un 15 % de los brasileños afirmó confiar mucho en el Ministerio Público Federal y el 53 % confía poco, en tanto que un 30 % no confía en absoluto, frente al 23 % que no confiaba en 2019. El poder Judicial cuenta con niveles similares de confianza.
Ya la desconfianza de los ciudadanos en las redes sociales saltó desde el 46 % en 2019 hasta el 53 % ahora, mientras que el recelo con la prensa pasó del 30 % hace dos años a los 32 % actuales.
Por otro lado, las Fuerzas Armadas siguen en la cima del ránking de la confianza popular brasileña, con un 76 % entre los que confían mucho y confían poco en la institución, pese a que la desconfianza (22 %) alcanzó su mayor nivel desde el inicio de la serie histórica, en 2017.
Los datos reflejan la crisis política e institucional en la que Brasil se encuentra sumergido y que fue agravada el pasado 7 de septiembre por la participación de Bolsonaro en unas manifestaciones con miles de personas, donde el propio mandatario alentó a los seguidores a desobedecer órdenes de la Corte Suprema o decisiones del Parlamento contrarias a sus intereses.