“La justicia sometida al poder. La Sala Penal 2ª de Tribunal paceño niega derecho de ex Presidenta a juicio de responsabilidades y mantiene, sin delito, su detención. Inaudito”, señala un mensaje publicado en las cuentas de la exmandataria transitoria en las redes sociales administradas por sus familiares.
"Denuncio ante Bolivia y la comunidad internacional que soy víctima de violencia procesal y política", agrega el mensaje.
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Áñez está en prisión desde hace medio año dentro de un proceso iniciado en su contra a instancias del oficialismo que la acusa de delitos como conspiración, terrorismo y sedición por el supuesto golpe de Estado de 2019.
El Gobierno de Luis Arce y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), consideran que la salida de Evo Morales de la Presidencia en 2019 fue por un golpe de Estado, mientras que sus detractores sostienen que la crisis fue consecuencia de un fraude electoral en beneficio del entonces mandatario en los fallidos comicios generales de ese año.
La defensa de Áñez presentó un recurso de incompetencia de la Justicia ordinaria para procesar a expresidentes, para que la exgobernante pueda someterse a un juicio de responsabilidades dentro de las acusaciones que le hace el oficialismo por la crisis de 2019, explicó a Efe su hija Carolina Ribera.
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El juzgado que trató el recurso declaró "infundada la excepción de incompetencia" planteada por la defensa de la exmandataria, indicó Ribera, quien también denunció que en el país "no hay una justicia imparcial".
"La Justicia está manipulada por el MAS, por el partido de gobierno y ellos están usando a mi madre como un trofeo para dar un mensaje de miedo a todas las personas que piensan diferente y a todos los líderes opositores. Por eso es que la tienen presa y están utilizando a la Justicia como represión política", manifestó.
El oficialismo ha iniciado una decena de procesos en contra de Áñez, algunos por la vía ordinaria y otros juicios de responsabilidades, aunque la corriente más cercana a Evo Morales considera que estos últimos, que debe aprobar el Parlamento, no corresponden porque eso supondría reconocer la legalidad de la transición.
Según Ribera, Áñez solicitó dos veces la asignación de la renta que le corresponde como exmandataria, pero el Ministerio de la Presidencia se la negó en ambas ocasiones argumentando que no acreditó legalmente que fue presidenta.
“Pero sí se lo ha hecho, pero ellos lo que quieren es seguir con su invento del golpe de Estado”, lamentó Ribera.