El mandatario firmó la ley que ayer tarde aprobó el Congreso para habilitar la cremación de los restos del mayor terrorista en la historia del país, quien falleció el sábado pasado a los 86 años en la prisión donde cumplía su condena a cadena perpetua, y ordenó su publicación en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano para que ésta pueda ser efectiva.
Con este paso se abre camino al fin para que el Estado pueda disponer de los restos del criminal tras un rocambolesco embrollo legal en el que ninguna autoridad parecía poder tomar la decisión sobre qué hacer con el cadáver.
NUEVA LEY
El pleno del Congreso votó el jueves sólo con los votos en contra de diputados del partido oficialista Perú Libre una modificación a la Ley General de Salud para establecer que un fiscal puede disponer, “en decisión motivada e inimpugnable”, la cremación de los restos de los sentenciados cabecillas o miembros de cúpulas de organizaciones terroristas que fallezcan en prisión.
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La norma agrega que la autoridad sanitaria deberá ejecutar esta medida, en coordinación con los Ministerio de Justicia y del Interior, en un plazo máximo de 24 horas y que la cremación se realizará después de la necropsia de ley y en presencia de la Fiscalía.
La ahora nueva ley ha sido observada por varios diputados que han advertido que la incineración de Guzmán, hacia quien específicamente se dirige la norma, no podría ser posible, pues no existen leyes con carácter retroactivo en Perú.
Los promotores de la ley aseguraron, sin embargo, que sí se podrá aplicar al cabecilla de Sendero Luminoso porque su cuerpo aún permanece en la morgue del Callao.
CASI TODOS A FAVOR
Salvo algún diputado de Perú Libre, todos los poderes públicos peruanos, ya sea el Congreso, la Justicia o el Gobierno, ha mostrado su disposición a cremar el cadáver y deshacerse de los restos para evitar que los mismos puedan ser "ensalzados" y convertirse en un punto de atracción quienes aún desean ensalzar la figura de Guzmán.
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La legislación vigente hasta ahora establecía sin embargo que los cadáveres deben ser entregados a sus familiares directos, siempre y cuando no haya una investigación en curso, pero no existe un marco jurídico específico sobre situaciones especiales como la que se presentó con el cabecilla de Sendero.
Precisamente, un fiscal rechazó entregar el cadáver de Guzmán a su esposa, Elena Iparraguirre, quien es considerada la "numero dos" de Sendero Luminoso y también cumple cadena perpetua, tras ponderar "el orden público e interés social".
El domingo, un juzgado del Callao también declaró infundada una demanda de "habeas corpus" presentada por Iparraguirre para que se le entregue el cadáver de su esposo.
Por otro lado, varios congresistas y líderes opositores instaban al Gobierno y a la Fiscalía a que actuaran unilateralmente y se deshicieran del cadáver, mientras que el Ministerio Público, que mantiene bajo custodia los restos, instaba a los congresistas a modificar la norma con celeridad para evitar una acción que quedara fuera de la legalidad.
Abimael Guzmán fue el fundador y máximo líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, considerado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) como el principal responsable de las casi 70.000 víctimas que dejó el conflicto armado interno que afrontó Perú entre 1980 y 2000.