A través de un comunicado, recuerdan que la Corte de Apelaciones de Barlavento "aún no ha ordenado la liberación" de Saab, "después de que hayan expirado todos los plazos de prevención y domiciliación establecidos para cada fase del proceso, y de que haya expirado el tiempo del que disponía el Tribunal Constitucional para pronunciarse sobre el recurso presentado por la defensa".
Explican que el vencimiento de estos plazos fue el 1 de julio y los abogados del empresario entregaron ese día al tribunal una petición solicitando su liberación inmediata.
Sin embargo, el tribunal "no cumplió con lo que las leyes caboverdianas determinan" y "ni siquiera respondió a la solicitud de los abogados, ignorando el plazo de 5 días que tenía para hacerlo".
Por eso, presentaron una nueva solicitud el pasado viernes en la que recuerdan que "las medidas de coacción, incluida la obligación de permanecer en casa y la prohibición de contactos con determinadas personas" aplicadas a Saab "cesan automáticamente tras la expiración del plazo máximo en el Tribunal Constitucional para la decisión".
"Hoy en día, no hay ninguna razón para mantener la detención del solicitante bajo arresto domiciliario, habiéndose agotado todas las líneas de cada fase del procedimiento, así como el plazo máximo para la duración del proceso de extradición. De hecho, el solicitante ha estado detenido durante más de 12 meses sin ningún cambio objetivo en las condiciones de detención", señalan los abogados.
También recuerdan que Saab "está efectivamente privado de su libertad y no puede salir del lugar donde se encuentra bajo arresto domiciliario" y que "es vigilado las 24 horas del día por agentes de la Policía Nacional y elementos de las fuerzas militares".
Por todo ello, solicitan al tribunal "que ordene la puesta en libertad" de Saab, "ya que se han excedido todos los plazos máximos previstos por la ley".
El empresario colombiano fue detenido el 12 de junio del año pasado cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla de Sal (el más importante de Cabo Verde), en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por supuestos delitos de blanqueo de dinero.
Tras su detención, Venezuela señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un "agente" del Gobierno, que se encontraba "en tránsito" en Cabo Verde para volver al país.
El nombre de Saab apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz lo acusó en 2017 de ser uno de los supuestos testaferros del presidente venezolano.
Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecios a la Administración de Maduro.
Según un funcionario del Gobierno estadounidense, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron de estas operaciones con "cientos de millones de dólares".