El grupo parlamentario, que intenta determinar si el Gobierno ha tenido responsabilidad en el agravamiento de la crisis causada por la covid-19, que ya deja 450.000 muertos en el país, escuchó a la secretaria de Trabajo y Educación del Ministerio de Salud, Mayra Pinheiro, una de las promotoras del dudoso fármaco en ese despacho.
La funcionaria, conocida como "capitana cloroquina" por su firme defensa de ese producto, insistió en sus argumentos pese a que la comunidad científica no certifica su eficacia contra la covid-19, lo que generó un denso debate político en la comisión.
La oposición, que cuenta con siete de los once miembros de la comisión, insistió en responsabilizar a Bolsonaro de la inclusión de ese y otros remedios de dudoso efecto en un llamado "tratamiento precoz" contra la covid-19, que no ha impedido el descontrol de una pandemia que amenaza ahora con una tercera ola en el país.
El oficialismo, por su parte, reiteró la tesis de que los médicos deben tener libertad para recetar medicinas que puedan "salvar vidas", sobre todo cuando se está frente a una "enfermedad nueva y desconocida".
Esa posición fue subrayada por Pinheiro, quien, sin citarlos, aseguró que "cientos" de estudios científicos atestan la efectividad de la cloroquina para reducir la virulencia de la covid-19, aunque dijo que han sido "criminalizados" por opiniones "políticas" dentro del mundo académico.
Asimismo, sostuvo que los estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras instituciones globales sobre la cloroquina, que no han comprobado su eficiencia, "tienen una calidad metodológica cuestionable" y por tanto las autoridades brasileñas no tienen la "obligación" de asumirlos como válidos.
Incluso reconoció que, en un documento con su firma enviado el pasado enero al estado Amazonas, en medio de un pico de muertes, el Ministerio de Salud consideró "inadmisible" que no se usaran en la red pública los medicamentos del "tratamiento precoz".
Sin embargo, Pinheiro reconoció el fracaso de una prueba hecha en abril del año pasado con 81 pacientes brasileños a los que se les suministró cloroquina contra la covid-19 y que acabó con 22 muertes, atribuidas a problemas cardíacos agudizados por ese fármaco.
Aún así, sostuvo que la causa de las muertes fueron unas "altas dosis" de cloroquina y aseguró que la cantidad del fármaco que debe ser aplicada fue luego regulada en forma "correcta".
La intención de la comisión es esclarecer si el Gobierno, con su insistencia en ese remedio, contribuyó a empeorar la situación y si también incurrió en uso indebido de dinero público, al ordenar una fabricación masiva y hasta la importación del fármaco, usado desde hace décadas contra el paludismo.
Según datos oficiales, por decisión del Gobierno, el laboratorio del Ejército elaboró el año pasado 3,2 millones de comprimidos de cloroquina, con lo cual multiplicó por diez lo que era la producción anual hasta ese momento.