El exmandatario y fundador del Partido de los Trabajadores (PT) urgió a los brasileños a “no seguir ninguna decisión imbécil” del presidente Bolsonaro.
“Quiero hacer propaganda para que el pueblo brasileño no siga ninguna decisión imbécil del presidente de la República ni del Ministerio de Salud. Vacúnense, vacúnense porque esa es una de las cosas que pueden librarnos del covid”, dijo Lula.
La anulación de las condenas, que en total sumaban casi 26 años, también le ha devuelto al exmandatario sus derechos políticos y abre la posibilidad de que sea nuevamente candidato a la Presidencia en 2022, cuando el actual gobernante, Bolsonaro, pretende renovar su mandato.
Da Silva afirmó que ha sido “víctima de la mayor mentira jurídica” en 500 años de historia de Brasil, en su primer pronunciamiento después de que un juez de la Corte Suprema anuló las condenas de cárcel que pesaban en su contra. “Estaba seguro de que la verdad vencería y ese día llegó”, afirmó el exmandatario.
El juez del Supremo Edson Fachin anuló el lunes todas las condenas contra el exmandatario por supuesta corrupción, en el ámbito de la operación Lava Jato.
Fachin anuló en concreto cuatro procesos. En dos de ellos Lula fue condenado a penas que sumaban 26 años de prisión por delitos de corrupción, en el ámbito de la operación Lava Jato, y por las que llegó a pasar 580 días en la cárcel, aunque luego fue liberado.
El alto magistrado basó su decisión en que el tribunal de Curitiba, a cargo del entonces juez Sergio Moro, que condenó a Lula en primera instancia, no tenía competencias para analizar esos asuntos, que a partir de ahora quedarán en manos de la Justicia federal de Brasilia.
En paralelo, la Segunda Sala del Supremo retomó en la víspera un juicio para determinar si Moro actuó de forma “parcial” en sus sentencias contra el líder del Partido de los Trabajadores.
La defensa de Lula denunció ante el alto tribunal una serie de “abusos” por parte del ahora exjuez durante las investigaciones, que según alegan, quedaron de manifiesto en los mensajes que intercambió con los fiscales de la Lava Jato y que fueron filtrados por el portal The Intercept en 2019.
Esas conversaciones sugieren que Moro, que después pasó a integrar el Gobierno de Bolsonaro como ministro de Justicia, direccionó y coordinó los procesos en curso contra el ex jefe de Estado, lo que está prohibido por ley. El magistrado del Supremo Gilmar Mendes respaldó esa tesis al afirmar que las condenas contra Lula formaron parte de un “juego de poder”. Según el juez, las acciones de Moro como magistrado de primera instancia fueron propias de un régimen “autoritario”.