Entre los peores crímenes cometidos por ese grupo paramilitar comunista estuvo el secuestro de niñas y niños, a quienes violaban repetidamente, y luego, lavándoles el cerebro los enseñaban a matar para defender a sus propios violadores.
“Asumimos nuestra responsabilidad y convocamos a los demás actores a sumarse al mismo camino“, declararon en un comunicado conjunto publicado por el último jefe de ese grupo, y actual presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, conocido en su época de guerrillero como “Timochenko“, según informa la agencia EFE.
Tras el pacto de desarticulación del grupo armado, se les autorizó a constituir un partido político y, evitar la cárcel por sus crímenes, si reconocían su responsabilidad ante un tribunal especial nombrado para estos casos.
Varios líderes han seguido este camino, y otros han vuelto a comandar las partes de la banda que siguen armados en la selva, y continúan con sus acciones, financiados por el narcotráfico, pues las FARC llegó a ser el cartel de droga más poderosos del mundo.
Delitos de lesa humanidad
La JEP, el tribunal creado a instancias del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016, determinó el pasado 28 de enero que los ocho miembros del Secretariado de las FARC, máximo órgano de decisión del grupo, tienen responsabilidad de mando por los vejámenes que sufrieron los secuestrados y los horrores que les causaron.
Con ello, los acusó de delitos de lesa humanidad, como el secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violaciones y desplazamiento forzado, y les dio un plazo 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.
En el primer caso se les impondrán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, no tras las rejas, pero en el caso contrario se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.
Es por este motivo, que varios jerarcas de la banda, reconocen una “responsabilidad” genérica por los actos, pero en sus discursos públicos posteriores nunca aceptan los crímenes cometidos.
“Se ha reconocido tanto en la JEP como ante la opinión pública nuestra responsabilidad en el secuestro, y el sufrimiento generado a las víctimas”, dicen los firmantes, que no especifican explícitamente si reconocerán su autoría formalmente.
Además, como siempre, pretenden criminalizar a las fuerzas públicas por haberlos combatido; y en su comunicado menciona a “los demás actores civiles y militares que tienen responsabilidades en el conflicto”, buscando igualarlos a sus acciones.
Las víctimas provocada por esos grupos armados (además existen otros de la misma índole), suman más de 6 millones de personas, calculándose en unos 5 millones de desplazados, principalmente campesinos, y centenares de miles de muertos, torturados, violados, secuestrados y desaparecidos.