Cada cambio legislativo, sea impulsado por la izquierda o la derecha, genera la fractura del Parlamento, de las regiones autónomas (que ejercen las competencias de educación) y de la sociedad, y lleva el embrión de una cotrarreforma posterior.
Es el caso de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), conocida coloquialmente como “ley Celaá”, en alusión a la actual ministra de Educación, la socialista Isabel Celaá.
Sus cuestiones más controvertidas se centran en que el español deja de figurar como lengua de enseñanza (“vehicular”), lo que afectaría a regiones con idioma autonómico cooficial como Cataluña (noreste), que aplica un sistema de inmersión lingüística en catalán.
También se limita la creación de centros de educación concertada (muchos son religiosos actualmente); los alumnos podrán pasar de curso con una o dos asignaturas suspensas y el título de Bachiller podrá obtenerse con un suspenso, si lo considera el equipo docente; las notas de Religión, que es voluntaria, no contarán para el acceso a la Universidad ni becas.
La nueva reforma legislativa es la reacción a la también controvertida “ley Wert” (2013), promovida por el ministro conservador José Ignacio Wert cuando el Partido Popular (PP) gobernaba con mayoría absoluta parlamentaria.
La “ley Wert”, que modificaba, a su vez, otra de un gobierno socialista anterior, fue contestada fuertemente por partidos de izquierda y nacionalistas, alumnos, sindicatos y profesorado de la educación pública.
APROBADA CON MAYORÍA AJUSTADA
A propuesta del Gobierno, el Congreso de los Diputados aprobó el jueves pasado el proyecto de la Lomloe por una mayoría absoluta ajustada de 177 de los 350 parlamentarios de la cámara, aunque modificado con enmiendas y tras un debate acalorado.
La oposición de conservadores (Partido Popular), extrema derecha (Vox) y liberales (Ciudadanos) rechaza la ley porque considera que ataca a la libertad de enseñanza y de los padres, mientras se anuncian movilizaciones y recursos de inconstitucionalidad.
Apoyadas por estos partidos, miles de familias se manifestaron en automóvil este domingo contra la Lomloe en Madrid y otras ciudades.
El líder opositor conservador, Pablo Casado, aseguró este lunes que las regiones que gobierna su partido legislarán para blindar en sus territorios la calidad educativa y la libertad de los padres para elegir la educación de los hijos.
El Ejecutivo, una coalición entre los socialistas y los izquierdistas de Unidas Podemos (UP), que gobiernan en minoría, necesitó el voto de pequeños partidos de izquierda, independentistas y nacionalistas para aprobar la ley en el Congreso. A continuación será debatida en el Senado, que podría modificarla también.
Una de las enmiendas, la referida a la supresión del español como lengua vehicular, fue pactada entre los socialistas, UP y ERC (independentistas catalanes de izquierda). Esto fue interpretado en algunos sectores mediáticos y políticos como una cesión a los secesionistas para que apoyen, a su vez, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, dijo días atrás que queda “absolutamente lejos” de la reforma educativa “desalojar” al español de las escuelas y que seguirá siendo tratado según la Constitución española y los estatutos que regulan la autonomía de las regiones.
La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, se mostró convencida hoy de que la ley “no está matando al español” ni que esté en peligro, sino que se está ayudando a proteger y promocionar la diversidad lingüística de España. EFE
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