La serie “El fiscal, la presidenta y el espía”, filmada en 2017 por el documentalista británico Justin Webster y recién estrenada en la plataforma Netflix, aborda en seis capítulos una complicadísima trama que cruza agentes de inteligencia, intereses geopolíticos, política vernácula y cuestionadas investigaciones judiciales.
“Es una montaña de basura para cubrir un escándalo y un escándalo para cubrir un crimen y otro crimen para cubrir otro crimen”, sintetiza Luis Moreno Ocampo, exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional, en el documental.
El caso
Cuatro días antes de ser hallado muerto de un disparo en la cabeza en su baño el 18 de enero de 2015, Nisman había denunciado a la entonces mandataria y hoy vicepresidenta Cristina Kirchner, por la firma en 2013 de un memorándum con Irán, que nunca se aplicó.
El fiscal acusó al gobierno argentino de intentar encubrir a exaltos funcionarios iraníes a los que él mismo había acusado de organizar el ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que causó 85 muertos y 300 heridos en 1994 en Buenos Aires.
Kirchner (2007-2015) y su canciller Héctor Timerman, fallecido de cáncer en 2019, afirmaron que trataban de desempantanar la causa AMIA, que llevaba más de 20 años sin avances.
Al día siguiente de ser hallado muerto, el fiscal iba a ampliar su denuncia contra la entonces presidenta en el Congreso. En su libro “Sinceramente”, aparecido el año pasado, Kirchner explica que su “entusiasmo por la posibilidad histórica de destrabar” la causa, les “hizo olvidar intereses geopolíticos en pugna”.
Analistas coinciden en que esa muerte fue clave en la derrota del kirchnerismo a fines de 2015 en las elecciones que llevaron a la presidencia al liberal Mauricio Macri, alineado con Estados Unidos e Israel e impulsor de la acusación a Irán.
La acusación de Nisman fue desechada en varias instancias judiciales pero finalmente la reabrió en 2016 el juez federal Claudio Bonadío, quien concentra una decena de causas contra la expresidenta.
Otro proceso por encubrimiento por el desvío de pruebas en la primera investigación culminó en 2019 con la condena a un exjuez, dos exfiscales y un jefe de inteligencia del expresidente Carlos Menem (1989-1999).
¿Caso cerrado?
El documental refleja la irreconciliable división de aguas, incluso en el seno de la comunidad judía argentina, entre quienes sostienen la hipótesis del suicidio y los que aseguran que fue un homicidio.
“Nisman se suicidó. En el expediente está todo probado, este caso debería haberse cerrado hace tres años. No hay más nada que investigar”, dijo a la AFP Pablo Duggan, autor del libro “¿Quién mató a Nisman?”, una investigación basada en la causa judicial.
En mayo de 2016, con Macri en el gobierno, el caso Nisman cambió de rumbo al pasar del fuero común que investigaba una “muerte dudosa” al fuero federal, que presume un asesinato como “directa consecuencia de la denuncia” contra la expresidenta.
Por esto, están procesados cuatro custodios de Nisman y su asesor informático Diego Lagomarsino, dueño de la pistola que mató al fiscal. Lagomarsino sostiene que Nisman le pidió prestada el arma porque temía por la vida de sus hijas.
La autopsia realizada por expertos del cuerpo médico forense y una pericia criminalística habían descartado la presencia de terceros. Pero dos años más tarde, otra de gendarmería consolidó la hipótesis del homicidio sostenida por la familia de Nisman y respaldada por la Asociación de Fiscales de Argentina.
Pericias peritadas
Los testimonios del documental inclinan la balanza hacia un suicidio y un agente del FBI y otro de la CIA revelan dudas sobre la investigación del atentado a la AMIA.
La serie incluye testimonios dubitativos de quienes trabajaron en la polémica pericia de Gendarmería, recientemente tildada de “absurda” por el presidente Alberto Fernández, un profesor de derecho penal.
En 2017, cuando aún estaba enemistado con Kirchner, el ahora presidente decía que le “costaba creer” en el suicidio pero advertía la falta de pruebas sobre un asesinato. Sara Garfunkel, madre de Nisman, denunció a Fernández al considerar que sus expresiones “resultan una injerencia en el sistema de justicia”.
La mujer que, apenas muerto su hijo, vació tres cajas de seguridad y compartía con él cuentas no declaradas en el exterior, es investigada en una causa por supuesto lavado de dinero. Todas las causas judiciales siguen abiertas o esperan juicio oral.