Morales y el vicepresidente del país, Álvaro García Linera, concurren a los comicios en pos de una cuarta gestión consecutiva, en una candidatura cuya legalidad ha sido cuestionada por sus detractores por vulnerar el límite constitucional de dos mandatos y los resultados de un referendo que en 2016 les negó la reelección.
Un fallo del Tribunal Constitucional en 2017 es el sustento legal esgrimido por el oficialismo para defender la nueva postulación de ambos funcionarios, que también fue avalada por el órgano electoral pese a la protesta opositora. La dupla oficialista se enfrenta a una oposición fragmentada en ocho candidaturas, que no tuvieron en cuenta los llamados de plataformas ciudadanas contrarias a la reelección de Morales de unir fuerzas para enfrentar al actual gobernante con frente opositor unitario. Incluso algunos críticos denuncia que hay candidaturas opositoras instigadas por el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales para dividir el voto.
Entre estas ocho fórmulas opositoras, el candidato con mayores posibilidades de llevar a Morales a una segunda vuelta es el expresidente Carlos Mesa, de la alianza Comunidad Ciudadana. El panorama expuesto por las encuestas electorales apunta a que Morales no conseguiría los porcentajes amplios a los que está acostumbrado desde 2005, cuando ganó la Presidencia por primera vez, quedando lejos de su techo electoral de algo más del 64 por ciento de los votos que logró en 2009.
El candidato oficialista ha apostado por destacar los logros económicos y sociales en sus más de 13 años de Gobierno, así como la estabilidad del país, a la hora de pedir el voto. Por su parte, Mesa ha apelado con su lema electoral “Ya es demasiado” sobre todo por el hartazgo de muchos electores ante lo que consideran abusos del actual mandatario, empezando por no haber respetado la Constitución que él mismo promulgó en 2009 limitando los mandatos a dos consecutivos. El país se encuentra desde el jueves en un periodo de reflexión y “silencio electoral”, lo que no ha impedido que Morales y García Linera sigan apareciendo en numerosos actos oficiales, entregando obras y haciendo anuncios y promesas de nuevos proyectos. Esto les ha valido críticas de la oposición, que ha denunciado además el uso de recursos del Estado durante la campaña.
El oficialismo ha justificado que Morales aparezca en estos actos durante el “silencio electoral”, algunos transmitidos por el canal estatal, alegando que la gestión gubernamental no puede detenerse. Aunque el período de campaña concluyó el pasado miércoles, oficialismo y oposición han continuado la arremetida en las redes sociales, en las que es más complicado para el órgano electoral controlar esta prohibición que en los medios tradicionales.
Además, desde el viernes está vigente el “auto de buen gobierno” que incluye, entre otras prohibiciones, la venta y consumo de alcohol, la realización de espectáculos y la circulación de vehículos durante la jornada electoral.
También se sanciona con multas económicas e impedimentos administrativos a quienes no acudan a las urnas el domingo, pues en el país es obligatorio el voto. Los electores habilitados son en total 7.315.364, incluidos 341.001 bolivianos residentes en 33 países, en especial en Argentina, Brasil, Chile y España. En el exterior podrán elegir solamente al presidente y vicepresidente, mientras que en Bolivia también se votará para la conformación de la Asamblea Legislativa para el periodo 2020-2025.
Unos 20.871 policías y 11.171 militares cumplirán en todo el país actividades de seguridad electoral, desde el resguardo de los recintos o acompañar el traslado de ánforas y actas. Las elecciones bolivianas serán observadas por más de 200 delegados internacionales de entidades como la Organización de Estados Americanos (OEA) , la Unión Europea (UE), la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur.