En un documento entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al que accedió Efe, Tarre pidió al organismo que realice una visita sobre el terreno a Venezuela “para evaluar la grave situación de derechos humanos”.
Y propuso a la Comisión que, en el marco de esa visita, “establezca un Mecanismo Especial de Investigación sobre los graves hechos relacionados con las denuncias de desaparición forzosa, tortura y ejecución arbitraria del capitán Rafael Acosta Arévalo y otros presos políticos por el régimen de Nicolás Maduro”.
El Gobierno venezolano confirmó el sábado la muerte de Acosta Arévalo, quien se encontraba bajo custodia de los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y que había sido señalado por participar supuestamente en una conspiración para derrocar a Maduro.
Dos militares de la Guardia Nacional Bolivariana han sido detenidos por su supuesta responsabilidad en esa muerte.
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En declaraciones a la prensa, Tarre insistió en que el militar fue torturado hasta la muerte y la última vez que se le vio con vida, cuando se presentó ante un tribunal militar, “estaba en una silla de ruedas donde era absolutamente evidente que no podía moverse y casi no podía hablar”.
Tarre explicó que llevaba meses trabajando con la CIDH para que visite Venezuela, pero reconoció que la muerte de Acosta Arévalo ha hecho más “urgente” ese trámite.
LA CIDH se encarga de la promoción de los derechos humanos en el continente americano y, para ello, realiza visitas “in loco” (sobre el terreno) a los países. La última vez que la Comisión visitó Venezuela fue en mayo de 2002.
Los comisionados del organismo llevan años pidiendo a Maduro que les permita acceder al país; pero el Gobierno venezolano se ha resistido a esas peticiones y actualmente ni siquiera reconoce la competencias de la CIDH porque depende de la OEA, organismo del que se retiró en abril.
Preguntado por la prensa, Tarre restó importancia a la posibilidad de que Maduro prohíba a la CIDH acceder a Venezuela y se limitó a decir: “Allá ellos”.
“Si no les dejan entrar pues no hace falta más nada. A confesión de partes, relevo de pruebas. Si ellos no quieren ser investigados pues algo temen”, subrayó.
En junio, el Ejecutivo venezolano sí permitió la entrada a Venezuela de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien se reunió con Maduro, Guaidó y varias ONG, incluidos los miembros de Foro Penal, que defiende a la mayoría de los considerados “presos políticos” de Venezuela.