El príncipe Enrique, o Harry, hijo menor del rey británico, Carlos III, requirió al Tribunal Superior el permiso para recurrir una decisión judicial previa que le había negado el derecho a pagar a las fuerzas de seguridad por su protección cuando viaje a su país desde su actual hogar, Estados Unidos.
Interior decidió en febrero de 2020 que Enrique, quien ya no forma parte operativa de la Familia Real, dejaría de contar con escolta policial en el Reino Unido, incluso aunque costease personalmente los gastos.
El Tribunal Superior resolvió hoy que no podrá recurrir si tiene derecho a pagar por su protección a miembros especializados de la Policía.
En una vista previa, los abogados de Enrique habían pedido al juez permiso para apelar contra sendas decisiones del Ministerio del Interior y del Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y de Figuras Públicas (Ravec, en inglés) de diciembre de 2021 y febrero de 2022.
Interior arguyó que el Ravec consideraba "inapropiado" que personas pudientes puedan "comprar" su seguridad a agentes policiales cuando se haya decidido que esa protección fuese de interés público.
La decisión judicial se conoce una semana después de que los duques de Sussex, Enrique y Meghan, difundiesen un comunicado en el que denunciaban haber sido víctimas en Nueva York de una persecución "casi catastrófica" por parte de paparazzi "muy agresivos".
Tras el confuso incidente, la Policía de Nueva York aseguró que no se reportaron "colisiones, citaciones, lesiones o arrestos" en la supuesta persecución a los duques de Sussex, que iban acompañados por la madre de la duquesa, Doria Ragland.
La policía afirmó que “ayudó al equipo de seguridad privada que protegía al duque y la duquesa de Sussex” y que “hubo numerosos fotógrafos que hicieron que su transporte se convirtiera en un desafío”, pero que “el duque y la duquesa de Sussex llegaron a su destino y no se reportaron colisiones, citaciones, lesiones o arrestos al respecto”.