Campesinos califican al Gobierno de mafioso y exigen el fin de los violentos desalojos de sintierras

Un grupo de campesinos afiliados a la Federación Nacional Campesina, pobladores del asentamiento San Miguel en la colonia Toryvete de Hernandarias, realizó cierres intermitentes de la ruta PY07 en protesta contra los desalojos violentos. Calificaron de mafioso al Gobierno central por los operativos y afirmaron que no permitirán este tipo de procedimientos.

Cierre de la ruta PY07 por familias afiliadas a la Federación Nacional Campesina (FNC).TERESA FRETES
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A unos 30 kilómetros de la zona urbana de Hernandarias, en la colonia Maracamoa, sobre la ruta PY07, los campesinos del asentamiento San Miguel se congregaron este lunes. Realizaron cortes intermitentes en la ruta como protesta por el violento desalojo ejecutado la semana pasada en Yasy Cañy, departamento de Canindeyú.

Marlene Acosta, una de las manifestantes, explicó que tuvieron que salir a las rutas para repudiar los desalojos violentos, refiriéndose específicamente al operativo de la semana pasada en el distrito de Yasy Cañy, departamento de Canindeyú.

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Dijo, además, que si persisten los desalojos de esta naturaleza, llegarían a Asunción con medidas de fuerza. Afirmó que viven en constante zozobra ante la posibilidad de ser víctimas de este tipo de operativos.

Repudiamos lo que hace este gobierno mafioso que opera como una dictadura. En la época de la dictadura ocurrían estas cosas. Persiguen a quienes necesitan un pedazo de tierra en vez de perseguir a los corruptos y bandidos”, expresó.

El corte de ruta se realizó de forma intermitente.

Aseguró que viven en zozobra en el asentamiento San Miguel, donde habitan 140 familias. Las tierras que ocupan están a cargo de la Senabico, pero, aun así, viven perseguidos ante posibles desalojos, según la denuncia.

El operativo repudiado

El operativo que motivó la movilización de los campesinos se ejecutó el martes, 14 de enero, la semana pasada en la localidad de Tacuapi, en el distrito de Yasy Cañy, departamento de Canindeyú. En la ocasión, unos 300 efectivos desalojaron a decenas de familias que ocupaban una propiedad privada.

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Cuando los uniformados llegaron para hacer cumplir la orden judicial, algunas personas, en su mayoría mujeres con sus hijos, intentaron resistirse, siendo repelidas con gases lacrimógenos.

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