Entre las municipalidades señaladas se encuentran Presidente Franco, administrada por Roque Godoy (PLRA); Domingo Martínez de Irala, bajo la gestión de Derlis Benegas (ANR); Hernandarias, gobernada por Emiliano Nelson Cano Ozuna (ANR, cartista); y Juan Emiliano O´Leary, a cargo de Everaldo Acosta (ANR, cartista).
También figuran en la lista Minga Guazú, dirigida por Diego Ríos (ANR, cartista); Naranjal, bajo la administración de Edoard Schaffrath; Minga Porã, con Clementino Portillo (PLRA) al frente; y Mbaracayú, gestionada por Nanci Algarin (ANR, cartista).
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Otras comunas afectadas por la falta de transparencia son San Alberto, liderada por Carlos Ramírez (ANR, cartista); Iruña, a cargo de Arnaldo Mersch (ANR, cartista); Tavapy, gestionada por Teófilo Báez (ANR, cartista); Los Cedrales, bajo la administración de Aldo Mareco (ANR, cartista) y el distrito de Raúl Peña, gobernada por Gustavo Cano (PLRA).
El monitoreo correspondiente al mes de junio evaluó el grado de cumplimiento de las municipalidades en cuanto a la divulgación de información clave, como el presupuesto, la nómina de funcionarios con sus sueldos, y los pagos realizados por concepto de viáticos, entre otros datos que la Ley 5189/2014 exige hacer públicos.
El informe fue divulgado por el Viceministerio de Talento Humano y Gestión Organizacional, ente encargado del monitoreo del cumplimiento de la Ley 5.189/2014. Esta normativa “establece la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay”.
Una herramienta contra la corrupción
La Ley 5189/2014 tiene como principal objetivo garantizar la transparencia en la administración de los recursos públicos, permitiendo que los ciudadanos supervisen la gestión de sus autoridades.
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Desde su implementación la legislación es clave para descubrir casos de corrupción, como el cobro indebido de salarios a través del planillerismo y prácticas de nepotismo en las instituciones estatales.
Pese a su importancia, el informe deja en evidencia que varias municipalidades de Alto Paraná no cumplen adecuadamente con las disposiciones de la ley, limitando el acceso de la ciudadanía a información fundamental sobre la gestión pública.