Los afectados son unas 500 familias asentadas en 1.000 hectáreas que necesitan regularización. El pedido data de hace 30 años, ya que empezaron los trámites incluso antes de la ocupación.

Los pobladores relataron que necesitan una solución definitiva, ya que a lo largo de las casi tres décadas ya sortearon varios conflictos. La comisión vecinal se había conformado 1993, para acceder a las tierras que anteriormente eran ocupadas por militares del Comando RI 14.

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Luego de varios años de lucha se había logrado la aprobación de la expropiación pero fue vetada por el Ejecutivo. Posteriormente, el Ejército había logrado la autorización de la venta de dichas tierras, pese que estaban ocupadas por varias familias por lo que luego se había recuperado nuevamente las tierras, por ley 823/96, por su interés social.

En la citada ley se había contemplado en su artículo segundo que el entonces Ministerio de Hacienda debía devolver el dinero a los a adquirientes del inmueble, disposición que nunca se cumplió.

Modificaron la ley

Llamativamente, en el Congreso Nacional se aprobó la modificación del citado artículo, en 2020. Con el cambio se deja al arbitrio del Indert y los dueños de tierra a acordar un precio de venta.

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Los dueños de la tierra piden G. 45 millones por cada hectárea de dichas tierras. Los afectados cuestionan que el precio le resulta imposible de pagar y que incluso es muy superior al precio fiscal por lo que piden que se anule esta modificación.

Tras una audiencia pública de ayer, los concejales departamentales declararon de interés departamental la modificación del artículo segundo de la ley 823/96 para que vuelva a su disposición original.