El 27 de julio de 2023, la Contraloría General de la República, había emitido un reporte de presunto daño patrimonial de G. 688 millones en la Gobernación de Alto Paraná, en la gestión de Roberto González Vaesken (ANR). El caso fue comunicado a la Fiscalía.
Según el reporte elaborado por la Dirección de Auditoría Forense de la Contraloría, se detectó un daño patrimonial de 688.009.560 guaraníes en una licitación de almuerzo escolar presuntamente direccionada a favor de una empresa.
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Los antecedentes indican que el 28 de septiembre de 2021, el entonces gobernador, por la vía de la excepción, adjudicó un contrato de 8.670.667.320 guaraníes a la empresa Fitra SRL, representada por Gustavo Trabucco, para la provisión del almuerzo escolar para 68.400 alumnos distribuidos en 211 escuelas.
Empresas descartadas
Fitra SRL se quedó con la millonaria licitación pese a no presentar el mejor precio. Las empresas Girasol SA y Fasv Import Export plantearon ofertas más convenientes, pero fueron descalificadas por el comité de evaluación, compuesto por Edgar Velázquez, Clíde Mereles y Antonio Duarte, todos con cargos de secretarios en la época.
Tanto la Dirección de Contrataciones Públicas como la Contraloría concluyeron que las empresas fueron descalificadas sin fundamento válido.
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Según la Contraloría, el daño patrimonial se produjo con la contratación de la empresa con la oferta más alta, una diferencia de G. 688 millones con relación a los precios propuestos por las firmas descartadas.
El actual gobernador César “Landy” Torres (ANR) no inició acciones penales ni civiles contra los posibles responsables del daño patrimonial con el propósito de recuperar el dinero de los contribuyentes.