La jueza Nélida Alvarenga Cristaldo, titular del Juzgado Laboral Segundo Turno de Ciudad del Este, resolvió una excepción planteada contra la Itaipú e impuso las costas a la entidad binacional por iniciar en un juzgado equivocado una demanda contra el dirigente político Gerardo Soria Dávalos.
Según los antecedentes, el 1 de noviembre pasado, los abogados de la entidad iniciaron el juicio caratulado “Itaipú Binacional C/Gerardo Atanasio Soria Dávalos S/Justificación de despido y suspensión del contrato”.
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Con este juicio, la actual dirección de la Itaipú pretende una resolución judicial para validar el plan de destitución Soria Dávalos, quien es un detractor del presidente de la ANR Horacio Cartes.
La directora jurídica de la entidad, Iris Magnolia Mendoza Balmaceda, recomendó la demanda, previo un sumario en que se atribuyó a Soria una serie de supuestas faltas que incluyen desde inasistencia al trabajo, maltrato de compañeros de trabajo y desempeño irregular de la dirigencia sindical.
Plantearon mal la demanda
El abogado Robert Marcial González, representante de Soria Dávalos, planteó en el juicio una excepción de incompetencia del juzgado de Ciudad del Este, alegando que la demanda se debe iniciar en el domicilio real de su cliente, que es Asunción.
Los abogados de Itaipú sostuvieron que Soria cumplía funciones en las oficinas de Ciudad del Este y que este municipio es su domicilio real.
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Sin embargo, la jueza Alvarenga concluyó que el domicilio real de Soria es en Asunción, ya que así se había consignado en el contrato de trabajo con la Itaipú. La magistrada recalcó que el lugar de trabajo no determina el domicilio de las personas, admitió la excepción de incompetencia y sancionó a la Itaipú a pagar los gastos generados por plantear mal la demanda.
De esta forma, el equipo jurídico de la Itaipú, encabezado por Mendoza Balmaceda, esposa del senador Silvio Ovelar (ANR), tuvo su primer revés en el juicio.
Si la resolución queda firme, el expediente se remitirá a Asunción para la continuidad del juicio. No obstante, el equipo jurídico de la Itaipú apeló la resolución y se habla de supuestas presiones a la Cámara de Apelaciones en lo Laboral, conformada por Bertha Ávalos, Ybete Welter de Troes y Alba Centurión, para revocar la decisión de la jueza Alvarenga.