Por mayoría, el Tribunal de Apelaciones Especializado en Delitos Económicos -conformado por Gustavo Ocampos González, Arnulfo Arias y Bibiana Benítez- declaró inadmisible el recurso de apelación planteado contra una resolución del juez José Agustín Delmás, por la cual se había admitido la imputación contra el intendente Miguel Prieto Vallejos.
El recurso había sido interpuesto por la defensa de Prieto Vallejos, al sostener que el acta de imputación solo describe hechos realizados por los representantes de la empresa Tía Chela SRL y no actos específicos de índole delictual atribuidos al jefe comunal.
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Para los camaristas Benítez y González, la pretensión fue presentada fuera del plazo, por lo que declararon inadmisible el recurso sin entrar al estudio del contenido del pedido. Mientras que el camarista Arias votó por confirmar la imputación.
En el Tribunal de Apelaciones se tramitan otros recursos similares planteados por coimputados en la causa caratulada como lesión de confianza e iniciada por una supuesta compra fraudulenta de alimentos, en 2020, durante la pandemia.
Otros imputados por el caso Tía Chela
Además de Prieto Vallejos, están procesados el exdirector de Desarrollo Social y actual concejal Sebastián Martínez (YoCreo), el secretario general de la Comuna Francisco Arrúa, la excoordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones Maggi Fariña y el jefe de Desarrollo Comunitario José Cáceres Galeano.
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Igualmente, el jefe de Almacenes Julián Benítez Gamarra, el jefe de Adquisición y Suministros Higinio Ramón Acuña, la encargada de órdenes de pago Cirle Alcaraz Ramírez y el tesorero Nelson Segovia Acevedo.
También están procesados el dueño de la firma Tía Chela SRL Fermín Ávalos Britos y la propietaria de Vanemi SA Emilia Vanessa Florentín Páez.
En el acta de imputación, los fiscales Alcides Corbeta, Rodrigo Estigarribia y Alma Zayas sostuvieron que la Municipalidad esteña habría sufrido un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 a raíz de la compra de los alimentos efectuada en 2020 mediante una licitación convocada por la vía de la excepción y adjudicada a la firma Tía Chela SRL.
La imputación a Miguel Prieto
Según la investigación fiscal, la empresa contratada Tía Chela SRL no contaba con capacidad técnica ni financiera para proveer los alimentos por G. 2.949.650.000. Tampoco se tiene trazabilidad de los productos que había adquirido de sus proveedores. Además, en la lista de beneficiarios aparecen personas residentes fuera del país y de Ciudad del Este.
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Prieto Vallejos dijo en su defensa que todas las cestas básicas fueron distribuidas a las familias afectadas por la pandemia y que la distribución fue documentada en actas y con ubicación georeferenciada.