El intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto Vallejos (YoCreo) y otros diez implicados soportan cargos por lesión de confianza, tras ser imputados por una presunta compra fraudulenta de 25.000 kits de alimentos durante la pandemia.
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Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia, la Municipalidad esteña habría sufrido un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 a raíz de la compra de los alimentos efectuado en 2020 mediante una licitación convocada por la vía de la excepción y adjudicada a la frma Tía Chela SRL.
Los coimputados son: Maggi Elizabeth Fariña Almada, excoordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, ex director de Desarrollo Social y actual concejal; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario; Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, ex director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de órdenes de pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, dueño de Tía Chela SRL y Emili Vanessa Florentín Páez, propietario de la firma Vanemi SA.
Investigación fiscal
De acuerdo a la imputación, en base a dictamen de la entonces coordinadora de UOC Maggi Fariña, en marzo de 2020 el intendente Prieto Vallejos convocó una licitación por la vía de la excepción para la compra de cestas básicas para su distribución a familias de escasos recursos afectadas por la pandemia del Covid-19.
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El fiscal Corbeta sostuvo en ABC Cardinal que la vía de la excepción -un trámite más rápido y sin control de la Junta- no correspondía para la convocatoria, sino debía ser a través de una licitación pública nacional. También mencionó que Prieto Vallejos ya distribuía los kits de alimentos antes de la firma del contrato.
El entonces director de Desarrollo Social Sebastián Martínez y José Félix Cáceres fueron designados para integrar el comité de evaluación, que recomendó la adjudicación de la licitación a Tía Chela SRL.
Corbeta indicó que la empresa adjudicada no contaba con capacidad técnica ni financiera para ganar un millonario contrato público, tras analizar sus movimientos comerciales a través de constancias en la SET (Subsecretaría de Estado de Tributación).
Inconsistencias
Los datos de la investigación señalan que Tía Chela SRL a su vez había comprado parte de los alimentos a la firma Vanemi SA, y de contribuyentes denunciados como inexistentes por la SET. Sin embargo, las adquisiciones de Tía Chela SRL no alcanzaban el lote de alimentos contratado por la comuna esteña.
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El fiscal Corbeta igualmente informó que a través de la oficina de Crimen y Organizado de la Policía se descubrió, a través de un control aleatorio, que la mayoría de los beneficiarios con los alimentos que figuran en las planillas de entrega en realidad son residentes fuera del país o fuera de Ciudad del Este.
El equipo fiscal solicitó al juzgado el arresto domiciliario de los imputados, así como su incomunicación con otros funcionarios de la Municipalidad para no obstruir la investigación. El caso se tramita en un juzgado de Asunción.