Un conocido cantante fue imputado por el fiscal Carlos Antonio Almada y soporta cargos por incumplimiento del deber legal alimentario, un delito castigado con hasta cinco años de prisión. Su identidad no se menciona por ley de protección a los menores, en este casos, sus dos hijos.
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Conforme a la investigación, el artista debía depositar un monto mensual de 2.000.000 de guaraníes a favor de sus dos hijos menores, según la Sentencia Definitiva Nº 91, de fecha 28 de abril de 2021, dictada por el Juzgado de la Niñez y Adolescencia del Primer Turno de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná.
Dicha suma debía depositar en una cuenta habilitada en el Banco Nacional de Fomento (BNF), a nombre de la madre de los niños y a la vez denunciante, según el acuerdo al que habían arribado previamente y que fue homologado por el Juzgado con la sentencia en cuestión, según el informe del Ministerio Público.
Sin embargo, previo a ello, en el 2017, el cantante ya había arrastrado una deuda de 14.000.000 de guaraníes en concepto de manutención, señala el escrito presentado por la Fiscalía en el Juzgado Penal de Garantías.
El imputado realizaba los pagos de manera totalmente irregular y en varios meses dejó de depositar dinero, según señala el extracto remitido por la entidad bancaria a la Unidad Fiscal, incurriendo de esa manera en el hecho punible de incumplimiento del deber legal alimentario.
La deuda
En total, el cantante debió depositar la suma de 110.000.000 de guaraníes, pero apenas lo hizo 22.812.000, arrojando un faltante de 87.188.000 guaraníes, según refiere la imputación fiscal.
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Con la imputación, el artista queda a cargo del juzgado penal de Garantías, que dictará las medidas que considere necesarias para el desarrollo del proceso.
El cantante podrá evitar el banquillo de los acusados o una eventual condena si abona la deuda por la pensión.
Omitimos los datos personales del cantante por exigencia del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe divulgación de cualquier dato que de manera directa o indirecta permita la identificación de menores víctimas de hechos punibles.