La oferta electoral en Alto Paraná está minada por candidatos que registran en su prontuario procesos, investigaciones y denuncias por hechos de corrupción y hasta abuso infantil. Algunos fueron blanqueados y otros siguen con cuentas pendientes de la justicia.
La presencia de candidatos con cuestionado pasado se da tanto en el Partido Colorado como en la Concertación Nacional.
El rey de los blanqueos
El senador Javier Zacarías Irún (ANR) pretende un segundo período consecutivo en el Parlamento, luego de finiquitar en la justicia al menos tres blanqueos por presuntos casos de corrupción.
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El senador altoparanaense, quien fue diputado el período 1993-2001 e intendente de Ciudad del Este de 2001 a 2007, fue denunciado por varios presuntos casos de corrupción relacionados con la administración municipal de su esposa Sandra McLeod (2007-2019).
Zacarías Irún fue procesado por la Fiscalía por ocultar valiosas propiedades localizadas en Brasil de la Contraloría General de República. También fue imputado como supuesto instigador de un esquema de desvío de G. 2.700 millones de la Municipalidad entre 2014 y 2018. Pero en ambos casos fue blanqueado por la justicia.
La Fiscalía también solicitó una reapertura de investigación contra Zacarías Irún por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de sus dudosos movimientos financieros, pero el pedido fue rechazado por la instancia judicial.
Exintendente investigado
Digno Caballero Ruiz (ANR) aspira a un mandato en la Cámara de Diputados, luego de gobernar por dos períodos la Municipalidad de Minga Guazú. Durante su gestión distrital acumuló una serie de cuestionamos por supuestos manejos irregulares.
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El exintendente minguero había sido imputado por habilitar un vertedero privado que no contaba con licencia ambiental. Sin embargo, posteriormente fue desvinculado del proceso y en su lugar fueron responsabilizados funcionarios municipales de menor rango.
Caballero Ruiz igualmente está en la mira de la Fiscalía por presuntos desvíos de fondos de la Municipalidad, otorgar millonarias licitaciones a dos empresas ligadas a su esposa diputada Blanca Vargas y por regalar tierras públicas a sus aliados políticos.
Otra del clan ZI
La diputada Rocío Abed de Zacarías, esposa de su colega Justo Zacarías y cuñada del senador Zacarías, buscará un segundo mandato en la Cámara Baja.
La pareja Zacarías-Abed había sido denunciada por supuestos enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, tras los cuestionamientos a la gestión de Justo Zacarías en la Gobernación de Alto Paraná en el período 2013-2017.
Concertación Nacional
Por la Concertación Nacional también están controvertidas figuras como candidatos para diputación. Se trata de Carlos Portillo y Manuel Trinidad, ambos electos para el mismo cargo en 2018.
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Portillo había sido expulsado del Parlamento tras filtrarse audios atribuidos a él, en los que se escuchan supuesta repartija de cargos públicos.
El legislador, además, está procesado por supuesto tráfico de influencia y está acusado por presuntamente pedir 3.000 dólares a una investigada por estafa a cambio de conseguirle una resolución favorable en el Tribunal de Apelaciones de Ciudad del Este.
Mientras que Trinidad había sido denunciado por supuesto dudoso enriquecimiento cuando fungía de juez. Se le atribuye empresas mimadas con millonarios contratos en la Itaipú. En abril de 2019 había renunciado como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, tras ventilarse su pasado.
Junta Departamental
El exgobernador interino Fernando Schuster (ANR) pretende regresar a la Junta Departamental por el Partido Colorado. En su primer mandato como edil departamental era fiel defensor del clan Zacarías desde su banca.
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Schuster igualmente fue denunciado en la Fiscalía por supuesto rapiña del parque automotor de la Gobernación. Según la denuncia en la época presentada por el actual gobernador Roberto González Vaesken, hasta el papel higiénico llevaron sus antecesores. La denuncia que afectada a Schuster y el exgobernador Justo Zacarías nunca fue aclarada.
El exsecretario de la Gobernación Elías Bernal (ANR) también es candidato para la concejalía departamental. Había sido denunciado por supuestamente embarazar a una menor de edad y se había negado a someterse a la prueba de ADN, hasta que fue blanqueado por la justicia.
En tanto, la exconcejal municipal de Presidente Franco Bartola Fernández aspira a la Junta Departamental como candidata de la Concertación Nacional. Había sido imputada supuestamente por ubicar a sus familiares en la Municipalidad franqueña.