La construcción de la nueva Penitenciaría de Minga Guazú se inició en el 2019 a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y debió estar lista en el 2021. Sin embargo, durante todo el 2022 quedó paralizada por falta de fondos por lo que sigue sin ser habilitada. La obra principal está a cargo de la empresa constructora Consorcio AGB-Tocsa y el costo de la inversión es de G. 81.218.123.552.
Este jueves, una comitiva encabezada por el titular del Ministerio de Justicia, Daniel Benítez, visitó la obra. El ministro Benítez explicó que la obra ya está en un 99% de ejecución, pero que faltan algunos detalles. Al decir del ministro, se realizarán nuevos llamados para completar las obras.
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“Estamos avanzando en la ejecución del proyecto, se van a hacer algunos llamados nuevos. Creemos que para junio aproximadamente tendríamos. La mudanza va a ser progresiva, pero creemos que dentro de seis estaremos implementando ya el nuevo sistema penitenciario”, dijo el ministro Benítez.
Falta de agua potable
Una de las falencias que debe ser solucionada en la nueva penitenciaría es la falta de agua potable. Esto debido a que los pozos artesianos que se perforaron no tenían agua potable y tampoco presión suficiente.
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Un sector del distrito de Minga Guazú tiene problemas de agua dulce, los pozos artesianos tienen agua salada o se secan en poco tiempo por lo que para abastecer al nuevo penal se instalará una planta de tratamiento que será abastecido por el lago Acaray, mediante ductos.
Aporte de Itaipú
El Parque Tecnológico de Itaipú (PTI) se encargará de tres componentes del proyecto. El primero tiene que ver con el sistema de seguridad de la penitenciaría, el segundo componente con provisión de elementos que hacen al funcionamiento diario de la infraestructura, y el tercer componente el sistema de provisión de agua.
Una solución para grave superpoblación
La penitenciaría de Minga Guazú servirá para dar solución a la superpoblación existente en la sede de Ciudad del Este. La edificación cumplirá con estándares internacionales de máxima seguridad y se sumará a las dos penitenciarías de mismas dimensiones que están en fase de culminación en la ciudad de Emboscada.
Las nuevas sedes contarán con un especial dispositivo de máxima seguridad, con garitas de control con sus respectivos servicios higiénicos, sistema automático de control de apertura y cierre de celdas.
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Además, circuito cerrado de televisión, central de monitoreo y control, muro perimetral de seguridad, cercado de seguridad con sistema de RazorRibbons, cables sensores de posibles fugas instalados en el vallado perimetral, generador eléctrico de emergencia, transformador eléctrico, instalación de sistema de prevención contra incendios.
Las especificaciones técnicas indican que contará 432 celdas, con una capacidad máxima de albergar 1.342 personas privadas de libertad (PPL). En cuanto a las dependencias de sanidad, suman nueve plazas, las celdas de ingreso son dos, e incluye tres celdas de admisión, sumadas a las 26 plazas para las visitas privadas.
El proyecto plantea mitigar, en parte, el grave hacinamiento de las personas , ya que en esas sedes serán reasignados los internos de aquellas penitenciarías que tengan un mayor índice de superpoblación. Tal es el caso del penal de Ciudad del Este que está ubicada en plena zona residencial, generando inseguridad e insalubridad.
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El presente proyecto de los nuevos centros penitenciarios modernos incluirá nuevos conceptos de arquitectura penitenciaria que contemplen enfoques habitacionales, educacionales, laborales, sociales y de seguridad más adecuados para alcanzar, de manera efectiva y eficiente, los fines constitucionales y legales de la pena.
En ese sentido la habilitación de mejores espacios dentro del sistema penitenciario no solo se limita a la ampliación de plazas, sino también a las condiciones de detención y a la modernización del espacio para el cumplimiento de la pena.