El intendente de Hernandarias, Emiliano Nelson Cano Ozuna (ANR, cartista), tenía previsto esta mañana brindar una ronda de prensa para aclarar los supuestos desvíos de recursos de la Municipalidad denunciados en la Fiscalía y Contraloría. Sin embargo, canceló la conferencia.
El Departamento de Prensa de la comuna convocó para este lunes, a las 10:00, a una rueda de prensa para que el intendente Cano Ozuna cuente su versión sobre los presuntos hechos irregulares en su gestión y que desembocaron en comentarios y rumores que actualmente generan confusión y desinformación.
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A la cita, acudieron trabajadores de distintos medios de comunicación y tras una hora de espera fueron avisados que la entrevista con el jefe comunal quedó cancelada por recomendación de los asesores. La cancelación fue supuestamente por “estrategia jurídica” ante las denuncias formuladas ante la Fiscalía y la Contraloría.
La semana pasada, los concejales Nilda Venialgo (ANR, abdista) y Germán Ibarrola (PLRA) denunciaron ante la Fiscalía General del Estado y la Contraloría General de la República al intendente Cano Ozuna por una serie de supuestos hechos punibles, tras una cuestionada compra de un inmueble por G. 3.900 millones.
El jefe comunal concretó el pago de G. 3.900 millones a los representantes de la Iglesia de Dios en Paraguay por la compra de 1.077 metros cuadrados de un predio colindante a la Municipalidad. Esta porción del terreno fue afectada por la construcción del polideportivo municipal, según la actual gestión municipal.
Reclamo se multiplicó
En el 2017, el entonces intendente Rubén Rojas (ANR) acordó el pago de G. 100 millones con los representantes de la iglesia y se reconoció que solo 100 metros cuadrados del predio de la organización religiosa fueron afectados por la obra del polideportivo.
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Cinco años después, otros representantes de la iglesia -cuyo manejo es objeto de pleito judicial entre sus miembros- aparecieron y reclamaron una extensión once veces mayor y cobraron 39 veces mayor al monto inicialmente acordado.
Los denunciantes señalaron a los organismos de control y de investigación que la extensión principal del inmueble comprado es municipal y que solo 100 metros cuadrados serían de la iglesia.
Los accionantes también recalcaron que el pago se hizo a representantes inciertos de la iglesia, teniendo en cuenta varios procesos judiciales, en torno al manejo de la organización religiosa.
Casualmente, mientras se concretaba la cuestionada compra del inmueble, el hijo del intendente, Nelson “Kpeto” Cano Aguayo, derrochaba recursos en su campaña a diputación con millonarias donaciones, costoso festival y gigantografías por doquier.