La denuncia por el presunto desvío de G. 320.374.040 de la Municipalidad de Tavapy está dirigida contra el exintendente Aníbal Fidabel (PLRA), el exdirector de Hacienda Hugo Bogado y la excajera Dionisia Almirón.
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La acción fue presentada por el abogado Mario Escurra Franco, asesor jurídico de la actual administración de Teófilo Báez (ANR), y es por la supuesta comisión de los ilícitos de exacción, cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, uso de documento público de contenido falso, y malversación de fondos públicos (peculado), entre otros.
La denuncia señala que el 17 de octubre pasado la asesora contable de la Comuna Norma Fariña emitió un informe sobre el presunto millonario desvío de los recursos municipales.
Según la auditoría contable, se constataron 189 comprobantes de ingresos anulados cuyas fechas son entre el 4 de enero de 2021 al 31 de julio de 2021. Sin embargo, no se encontraron los comprobantes de pago originales en el archivo.
Pedirán intervención de Contraloría
La auditoría fue dispuesta por el intendente Báez, luego de que se descubriera que el pago de los contribuyentes no figuraba en el archivo de la Municipalidad, pese a los que aportantes tenían su factura.
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Báez dijo que la inconsistencia hallada se da con los diferentes impuestos cobrados por la comuna y anunció que también solicitarán una auditoría general a la Contraloría General de la República.
Por su parte, el abogado Escurra sostuvo que la denuncia obedece a razones objetivas ante el hallazgo de sospechas de desvío y que no está sustentada por fines políticos, al tiempo de recalcar que no pueden ser cómplices de un aparente caso de corrupción.
El exdirector Bogado sostuvo que la denuncia tiene un trasfondo político, ya que el exintendente Fidabel es precandidato a concejal departamental. Afirmó que la denuncia es falsa y que los cobros quedaron todos documentados en la comuna.
En un comunicado, el exintendente Fidabel desmintió la denuncia contra su gestión y dijo que el cuestionamiento carece de sustento jurídico. Dijo que su rendición de cuentas fue aprobada de forma unánime por la Junta Municipal.
El exjefe comunal también indicó que dictámenes de la Dirección General de la Contabilidad Pública, la Auditoría General del Poder Ejecutivo y la Contraloría General de la República sobre royalties y Fonacide avalan su administración. Calificó la denuncia como una persecución política.