La denuncia del plan de masacre había sido presentada por el director de la institución, el pasado 23 de mayo. Esto luego de que el 18 del mismo mes una docente encontrara una esquela en su mesa. Se trataba de una conversación, en manuscrito, entre dos alumnos sobre un plan de masacre dentro de la institución.

En primera instancia, los responsables del colegio determinaron la suspensión temporal de los estudiantes, pero estos siguieron con la misma conversación en las redes sociales. Incluso subieron la foto de un arma de fuego, por lo que fueron desmatriculados y el hecho denunciado ante la Policía.

La investigación quedó a cargo del fiscal Edgar Torales, quien ayer tomó declaración testifical al director del colegio y esta mañana se constituyó hasta la institución educativa. El fiscal se incautó de documentos como copias de actas de las reuniones, además solicitó el circuito cerrado y copias del protocolo que aplicaron.

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Consultado sobre la demora que hubo de parte de los directivos para hacer la denuncia, el fiscal afirmó que se actuó conforme a un protocolo establecido. “Observamos nosotros que el colegio actuó conforme al protocolo, hizo las averiguaciones e investigaciones que le señala el reglamento interno. Trataron de tener todos los elementos para tomar la determinación de desmatricular a los alumnos”, expresó.

Sobre una eventual imputación contra los adolescentes, dijo que si bien ya cumplieron los 14 años, lo que implica que ya son imputables, recurrirán a esta acción como último recurso.

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“El hecho que se investiga es la amenaza de hecho punible, pero antes de imputar queremos hablar con los padres, reunir todos los elementos. Hay un dilema muy grande: considerar esto como una broma pesada de dos adolescentes o tomar en serio lo que podría ocurrir”, expresó.

Respecto a la imagen de arma de fuego que subieron a las redes sociales, confirmó que se trata de una foto extraída de internet, pero que seguirán investigando si hubo o no acceso de arma de fuego por parte de los menores de edad.

Desmatriculados

Según las autoridades educativas, los dos estudiantes ya fueron matriculados en otras instituciones, y que fue la prioridad de la Dirección de Educación. Sin embargo, el fiscal dijo que uno de ellos no fue admitido en el colegio donde pretendían matricularse.

Los padres de algunas instituciones educativas se habrían opuesto a la matriculación de los estudiantes en cuestión, pero el fiscal alertó de que no se puede excluir a los menores de edad.

Apelan a los padres

Autoridades departamentales de educación apelan a los padres de familia para evitar hechos de violencia en las instituciones educativas. El Lic. Hugo Mendoza, supervisor pedagógico, expresó que la familia debe prestar una mayor atención a los menores de edad.

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“Últimamente los padres van y ‘tiran’ a sus hijos a la escuela, como si fuera una guardería y no debe ser así. Los padres deben involucrarse más, que no nos dejen solos a los docentes y no dejen solos a los chicos también”, expresó. Dijo, además, que después de la pandemia, los chicos tienen mayor dificultad para la interacción social.

“Durante los dos años estaban acostumbrados a todas las atenciones de los padres, por la pandemia. Ahora que deben volver a socializar empiezan los problemas”, añadió. Autoridades de la Dirección de Policía y de la Defensoría de la Niñez ya se pusieron a disposición para realizar charlas preventivas y de orientación.