Cinco municipios de Alto Paraná, administrados con poca transparencia

CIUDAD DEL ESTE. Cinco municipios de Alto Paraná fueron evaluados con baja calificación en gestiones de transparencia, según un informe de la Secretaría de la Función Pública (SFP). El flojo desempeño se produjo durante la administración de intendentes interinos.

La Municipalidad de Presidente Franco, bajo la gestión de la ex interina Julia Ferreira (PLRA), se manejaba con poca transparencia.
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La lista de Municipalidades con poca transparencia está compuesta por Presidente Franco, en la gestión de la ex interina Julia Ferreira (PLRA); Juan Emiliano O’Leary, en el mandato de Natividad Centurión (ANR): y Santa Rosa del Monday, en la administración de Leila Laismann (ANR). Además de Tavapy, en el Gobierno de Wilma Augusto de Duarte (PLRA); y Raúl Peña, en la gestión de Miguel Fernández Lezcano (PLRA).

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Los citados municipios aparecen con la calificación “cumplimiento intermedio” en el informe de la Secretaría de la Función Pública, correspondiente a septiembre pasado. La SFP monitorea mensual y anualmente a las instituciones públicas.

La citada puntuación indica acatamiento a medias de la Ley 5189/2014, que obliga a los entes estatales la difusión en su portal digital la nómina de funcionarios con su salario, viáticos, horario de trabajo, organigrama, entre otras informaciones de carácter público.

En agosto pasado las Municipalidades de Juan Emiliano O’Leary, Tavapy, Raúl Peña y Santa Rosa del Monday, bajo administración de los interinos, también se manejaron con escasa transparencia, de acuerdo al informe de la SFP.

El reporte de monitoreo refiere que los municipios no actualizaron las informaciones requeridas en el portal web institucional.

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La Ley 5189/2014 exige a los entes estatales la divulgación de datos actualizados de forma mensual, dentro de los 15 días posteriores del último mes.

Si bien el cumplimiento a medias de la Ley 5189/2014 no implica sanción alguna, aunque denota bajo compromiso de los administradores con la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Solo se castiga el nulo acatamiento con la aplicación de una multa de 180 jornales mínimos, equivalente a G. 13.735.944.

La normativa es una herramienta de transparencia sobre el uso de los recursos de los contribuyentes y un mecanismo para el ejercicio del rol de contralor para la ciudadanía. Tras la promulgación de la ley, se descubrieron numerosos casos de nepotismo, planillerismo y otras prácticas de corrupción.

Intentamos comunicarnos vía telefónica con los ex intendentes interinos, pero no tuvimos retorno. No obstante, nuestra redacción está abierta para escuchar su versión.

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