El independiente Diego Amílcar Ríos Llano (Movimiento Conciencia Democrática Minguera) recibió la administración de la Municipalidad de Minga Guazú con una deuda de G. 8.597.501.650, según el corte administrativo entregado por el intendente saliente Lucas Caballero Ruiz (ANR, cartista), cuñado de la diputada Blanca Vargas de Caballero.
El nuevo intendente encontró en caja G. 2.354.318.097. De este monto más del 99,25% corresponde a Fonacide, royalties y juegos de azar (rubros transferidos por Hacienda) y solo G. 17.605.434 son fondos propios.
La Municipalidad minguera también dejó de transferir desde mayo pasado el aporte obrero-patronal a la Caja de Jubilaciones, pese al descuento automático al salario de los funcionarios.
Ríos Llano denunció que los datos del sistema informático de las oficinas de Catastro y Recaudación fueron borrados y desaparecieron las informaciones sobre el pago de impuestos.
“¿Por qué borraron los datos? ¿Qué quería esconder esta gente?”, cuestionó el intendente al tiempo de anunciar que presentará denuncia en la Fiscalía por cada irregularidad detectada en la Comuna.
El equipo del nuevo Gabinete logró recuperar el 95% de los datos en la oficina de Catastro.
El camposanto municipal y hasta el predio de la sede de la Municipalidad se encontraban abandonados. En una de las primeras medidas adoptadas por el intendente, se dispuso la revitalización de los sitios municipales.
Superpoblación de funcionarios
En Presidente Franco, el intendente electo Roque Godoy Jara (PLRA) no solo heredó de su antecesora Julia Ferreira (PLRA, llanista) una millonaria deuda, sino también una superpoblación de funcionarios en la Municipalidad.
En julio pasado cuando Godoy Jara renunció la intendencia para buscar el rekutu dejó alrededor de 400 funcionarios en la Comuna, pero al reasumir las riendas del poder municipal encontró unos 500.
La Municipalidad franqueña se encuentra con el saldo “en rojo”. Los compromisos pendientes de pago ascienden a G. 4.827.450.103, mientras que el dinero en caja alcanza solo G. 2.801.700.029, de acuerdo al corte administrativo. Es decir, faltan G. 2.025 millones para pagar la deuda.
Ni un vehículo funciona
En Hernandarias, el intendente electo Emiliano Nelson Cano Ozuna (Movimiento Unidos por el Cambio) tiene el desafío de realizar una especie de “malabarismo financiero” para pagar deudas de tres meses de salarios atrasados, que ascienden en unos G. 3.600 millones. Además de compromisos de pagos vencidos a proveedores por cerca de G. 4.000 millones.
La Junta Municipal de esta ciudad había autorizado un préstamo de G. 3.000 millones para el pago de salario durante la gestión del intendente saliente Rubén Rojas (ANR, cartista). Sin embargo, el monto será insuficiente teniendo en cuenta que en menos de dos meses el nuevo intendente debe abonar dos salarios y el aguinaldo en un período de baja recaudación.
Cano Ozuna analiza solicitar otra autorización de préstamo y la reducción del plantel de funcionarios para reducir el costo operativo de la Comuna.
El parque automotor de la Municipalidad se convirtió en un “cementerio” de vehículos operativos. Según el intendente electo, ningún vehículo se encuentra en condiciones para ser usado.