En el año 2004 fueron ejecutados varios allanamientos e investigaciones contra grandes comercios instalados en Ciudad del Este, por evasión de impuestos, contrabando y lavado de dinero. Sin embargo, ninguno de los procesados ha llegado a juicio oral y público: varios fueron sobreseídos, en otros se han admitido procedimientos abreviados y el pago (nunca confirmado) de una mínima multa, según la denuncia que presentaron miembros del Colegio de Abogados del Alto Paraná, en el 2005.
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En la denuncia habían solicitado a la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado y hasta a la Cámara de Senadores que se investigaran las actuaciones de fiscales y jueces, ante las llamativas salidas que daban a los procesos, en medio de fuertes y constantes rumores de pagos de cuantiosas coimas a cambio de no proseguir con los procesos.
El abogado Mauro Barreto, presidente del gremio de abogados, explicó que con las operaciones contra las evasiones se había formado una rosca cuya cabeza visible era el entonces fiscal adjunto Hugo Velázquez (hoy vicepresidente de la República) y el superintendente fiscal Juan Carlos Duarte (actual consejero de Yacyretá).
Barreto afirmó que, desde ese entonces hasta ahora, el esquema de recaudación sigue funcionando a la perfección. “Esto viene ocurriendo desde el 2004 y estamos en las mismas. Las empresas y las casas de cambios se dedicaban al lavado de dinero y era de conocimiento público. La fiscalía sabía y realizaba intervenciones solamente para quitarles dinero, no era para ponerle en orden ni para recaudar para el fisco”, afirmó.
Al decir de Barreto, el esquema sigue funcionando a la perfección e incluso ahora se están pagando 300 a 400 mil dólares para que no se hagan intervenciones contra falsificaciones de productos; es decir, confirma la protección de organismos de seguridad de la que hablan los informes de los EE.UU. y sustentan la sanción contra Kassem Hijazi, además de los paraguayos, Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldán.
Todo se paga en el Ministerio Público
“Así como dice el informe de los Estados Unidos, están protegidos por autoridades fiscales ya sea contrabando, tráfico de armas, evasión y lavado de dinero. Todo se paga en el Ministerio Público y eso no puede desconocerlo la fiscal general del Estado (Sandra Quiñónez), que ahora saca pecho para decir que le agarraron a alguien. Es uno de los cientos de casos que ocurren todos los días desde ese año hasta hoy en día y denunciamos varias veces. Se hicieron millonarios y dejaron a muchas de las empresas en quiebra porque le quitaron todo y el resto siguió trabajando acá porque tenía mucho respaldo”, aseveró.
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A continuación, exponemos un breve resumen de nueve de varios de los casos que los integrantes del Colegio de Abogados del Paraná habían denunciado ante la sospecha de pagos de coima a cambio de blanqueo e impunidad.
Caso 1: Nave Informática
El procedimiento había sido realizado el 30 de abril de 2005 y fue individualizado como “Causas Nº 02327/2005”, sobre evasión de impuesto contra Nave Informática. El fiscal interviniente era entonces Augusto Sala, quien supuestamente dejó de investigar a otras firmas comerciales que conforman el esquema. Además, dejó de imputar a otros socios y empleados de las firmas satélites que operaban con Nave. Tras el cambio de fiscal, el agente Nelson Ruiz solicitó el sobreseimiento provisional de los imputados y hubo denuncias de pagos de una millonaria coima.
Caso 2: Máster Informática SRL y Máster SA
El procedimiento fue realizado el 06 de enero del año 2005 contra los responsables de las firmas. La imputación se produjo recién el 16 de junio del año 2005. Los directivos habían sido beneficiados con medidas sustitutivas, a pesar de la multimillonaria evasión. El informe pericial confirmó que Máster Informática debía abonar más de 23 millones de dólares. Dos grandes firmas que hacían parte del esquema de evasión fueron investigadas: Bell Megastore y Leader Tech. La primera firma no existía en los documentos contables ni tenía patentes comerciales pero ocupaba todo un piso de la galería Vendome. Se encontraron documentos de la firma Leader Tech, pero físicamente no se pudo comprobar la existencia del negocio. El fiscal solicitó la desvinculación del proceso de esas firmas, alegando que no existen, con lo cual eliminó las principales evidencias que existen sobre la descomunal evasión.
Caso 3: Ti-Em o La Belle
Las investigaciones se iniciaron en junio del año 2005 y de acuerdo al resultado de la pericia se tenía que pagar al fisco la suma de 1.200 millones de guaraníes, correspondientes a los ejercicios 2000 al 2004. El caso terminó en la audiencia preliminar en la que la ciudadana oriental Lissa Chang, propietaria del comercio, aceptó los cargos. Se la condenó a abonar una multa de G. 300 millones, privando al Estado de recaudar cerca de 900 millones de guaraníes. No hubo oposición del entonces fiscal Carlos Soto ni de la jueza Norma Gamarra de Martínez.
Caso 4: Southern Cross S.R.L. o Casa Nissei
Estas firmas habían sido intervenidas por los entonces fiscales Juan Carlos Duarte y Carlos Soto sobre la millonaria evasión y el informe pericial fue cajoneado por varios meses a los efectos de no imputar a los directivos de la empresa intervenida. El peritaje fue recibido en fecha 14 de diciembre del año 2004 y presentado ante el Juzgado recién el 19 de abril del año 2005. En la investigación había indicios de lavado de dinero, pues se habían detectado millonarias transferencias que se realizaron a través del Banco Integración sin el consentimiento del Banco Central del Paraguay. Pero al igual que en otras causas, solo se acusó por evasión demostrando un marcado interés en no investigar sobre lavado de dinero. La causa no llegó a juicio oral y público.
Caso 5: Telefax S.A., Tupí, Fortaleza, Alberdi y otras casas de cambios
Entre marzo y abril del año 2004 se allanaron numerosas casas de cambios, algunas que funcionan en forma legal y otras en forma solapada. Una de las más importantes fue la vinculada Kassem Mohamad Hijazi: Telefax S.A. Del lugar se incautaron cerca de 500.000 dólares americanos y más de 130.000 reales. Habían encontrado evidencia de sumas millonarias remitidas al exterior sin la correspondiente autorización del Banco Central. Mohamad Hijazi nunca fue condenado y siguió operando tranquilamente durante 17 años, sin ser molestado, hasta el martes pasado, cuando fue detenido en pleno centro de Ciudad del Este, a pedido de EE.UU., con fines de extradición. Se había denunciado un millonario pago de coima por parte de los fiscales Juan Carlos Duarte y Hugo Velázquez. Esto derivó en otra investigación pero la causa fue archivada por falta de pruebas.
Caso 6: Latina Import
Esta firma también fue investigada por evasión al fisco a finales de junio del año 2004. Igualmente, se realizaron investigaciones a empresas denominadas satélites, como Universo Import Export y otras. La Fiscalía investigó a siete empresas que serían solo prestanombres de los dueños de Latina pero no realizó ninguna imputación. Los fiscales fueron Juan Carlos Duarte y Adolfo Marín, mientras que el juez era el ahora diputado Manuel Trinidad. Tampoco hubo condena.
Caso 7: Mafia del Clon-Mini Carlos
La investigación sobre la clonación de líneas telefónicas y evasión de impuestos por parte de la empresa Mini Carlos, propiedad de Hussein Hijazi, fue iniciada por el fiscal Carlos Giménez Vallejos pero el proceso no llegó a juicio oral.
Caso 8: Moussa Import Export
En el 2004, el Ministerio Público acusó por 3. 800.000 dólares de evasión a la mencionada firma, procesando al dueño Ali Mohamed Hijazi. La jueza Norma Gamarra de Martínez había favorecido al procesado determinando que se requería la prejudicialidad de la evasión. El colegio siguió el caso hasta el 2006, sin que se haya dado ninguna condena.
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Caso 9: Centro de Pioner
En agosto del año 2003 se realizó un allanamiento en la citada firma, encabezado por el fiscal Juan Carlos Duarte. La empresa tenía tres años de constitución, pero la fiscalía solo investigó y realizó el peritaje contable sobre 8 meses correspondiente al año 2003. Tanto la fiscalía como el juez de Garantías, aceptaron el procedimiento abreviado, y se condenó a Fouad Ali Jaber a pagar una multa de 900.000.000 de guaraníes y al Ministerio de Hacienda cerca de 1.800.000.000 de guaraníes.